El Mundo - 08.11.2019

EL MUNDO. VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019
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OTRAS VOCES

LOS REPRESENTANTES de la Nación, reunidos en

Versalles como Asamblea Nacional Constituyente, apro-

baron el 26 de agosto de 1789 la Declaración de los De-

rechos del Hombre y del Ciudadano. El artículo 16 pro-

clamaba: «Una sociedad en la que la garantía de los

derechos no está asegurada, ni la separación de pode-

res determinada, no tiene Constitución».

230 años después tenemos que recordar lo que sig-

nifica. La Constitución marca la frontera entre la civi-

lización y la barbarie. Es la norma con la que la nación

asegura la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Y la principal garantía es la división de poderes. Quien

mejor lo expresó fue, sin duda, Locke. Víctima de la

intolerancia, Locke consideró que sólo se podía renun-

ciar a las «libertades naturales» en favor de un Estado

en el que los poderes estuvieran divididos porque só-

lo así, a diferencia de la monarquía absoluta, habrá

juez y recurso de apelación a alguna persona que «jus-

ta e imparcialmente y con autoridad pueda decidir, y

de cuya decisión pueda esperarse consuelo y compen-

sación por algún daño o inconveniencia sufridos por

causa del príncipe o por lo que él ordene».

La separación de poderes no es una mera disposición

organizativa del poder. Es una solución ingeniosa de

protección de las libertades. No es dividir por dividir; es

dividir para que el poder no sea tan absoluto que sacri-

fique los derechos de los ciudadanos. Nuestra Consti-

tución participa de estas ideas; establece mecanismos

para frenar la tentación de los gobernantes de sacrifi-

car la división de poderes y, en consecuencia, amena-

zar la libertad. La eterna tentación del poder de ser más

poder. La arrogancia de los gobernantes de no admitir

límites. El poder siempre quiere ser más poderoso. Si

no hay controles efectivos, la arrogancia se convierte en

atropello, en sacrificio de los derechos. Es inevitable. La

inevitabilidad de la naturaleza humana. Fukuyama ex-

plica la «propensión natural humana» que nos hace ser

solidarios sólo con aquellos con los que compartimos

parentesco. Es la solidaridad estrecha de la que también

nos alertaba Nussbaum.

La consecuencia es la ti-

ranía respecto de los que

no forman parte del nú-

cleo de la solidaridad. El

patrimonialismo del que

nos habla Fukuyama sólo

puede ser corregido me-

diante las instituciones,

como el principio de legalidad, y la educación, para trans-

mitir una cultura de tolerancia, respeto y libertad.

Lo que más me alarma de las declaraciones del pre-

sidente del Gobierno en funciones sobre la Fiscalía no

es lo dicho, con ser grave, muy grave, cuanto el cómo lo

ha dicho. Las circunstancias, el agotamiento, el estrés

permitieron que saliese el «yo profundo» del candidato

Sánchez. Lo cree y firmemente, que la Fiscalía obede-

ce, sigue sus órdenes. El desarrollo de la entrevista, la

secuencia de pregunta y respuesta arroja, con notable

claridad, qué es lo que piensa. Este periódico lo recogía

fielmente. Podemos leer: «‘¿Es que la Fiscalía de quién

depende?’», ha preguntado Sánchez al entrevistador

tras recordar la iniciativa del Ministerio Público para re-

clamar de nuevo la entrega de los huidos por medio de

euroórdenes. ‘¿De quién depende?’, ha insistido. Des-

pués de que el entrevistador respondiera que ‘del Go-

bierno’ –que es quien elige al Fiscal General–, el presi-

dente ha soltado un ‘pues ya está’».

La Fiscalía depende del Gobierno, esto es lo que opi-

na el candidato. Y lo afirma con convicción. La expre-

sión de su rostro es «el espejo del alma». Un primer pla-

no que muestra una sonrisa sardónica, suficiente, arro-

gante dirigida a su entrevistador; dirigida a todos. «Pues

lo estamos haciendo» y «ya está». Ese «ya está» pasará

a la historia negra de nuestra democracia. El poder mues-

tra su «yo profundo». Lo estamos haciendo y ya está. Se

hace porque ordeno y mando. Y ya está.

Los fiscales han reaccionado con premura y elocuen-

cia. Han recordado el abc de su estatuto jurídico y cons-

titucional. Por un lado, «la Fiscalía es independiente y

solo depende de la legalidad» y, por otro, que «no cum-

ple órdenes del Gobierno». Hay una confusión notable

entre el nombramiento del Fiscal General del Estado y

el funcionamiento de la Fiscalía. Que aquél sea nombra-

do por el Gobierno, no lo convierte, o no debería con-

vertirlo, en un instrumento bajo las órdenes del Gobier-

no. Aún menos, por su intermediación, que se incum-

pla lo que dispone el ar-

tículo 124 de la Consti-

tución: «el Ministerio

Fiscal ejerce sus funcio-

nes por medio de órga-

nos propios conforme

a los principios de uni-

dad de actuación y de-

pendencia jerárquica y

con sujeción, en todo

caso, a los de legalidad

e imparcialidad».

El esquema mental y

político del candidato

es claro: si yo te nom-

bro, tú me obedeces y si

tú me obedeces, todos

los demás que a ti te

obedecen, igualmente

me obedecen. ¿En qué

queda lo que dispone la

Constitución? ¿La suje-

ción a la legalidad y a la

imparcialidad? En na-

da. Porque es la obe-

diencia personal la que

da sentido a todo lo de-

más. Es otro ejemplo

más de la patrimoniali-

zación de las institucio-

nes públicas al servicio

de los partidos. Y el cau-

ce es el nombramiento.

Es el esquema que ve-

mos repetido en otras

instituciones. El nom-

bramiento (político) es

el primer eslabón de una

cadena de confianza que

transmite los deseos del

líder-partido político hasta el último eslabón para su eje-

cución porque se viven como órdenes a cumplir con fi-

delidad y premura. Y volvemos al comienzo, se recons-

truye la unidad del poder; se rehace aquello que los pri-

meros liberales querían evitar: el Estado absoluto. ¿De

qué garantías disfrutan nuestras libertades?

Los más felices con estas estrafalarias palabras han

sido los secesionistas. Bien que lo han celebrado. La

demostración de que España no es una democracia.

Hasta su mismo presidente lo ha dicho. Ha afirmado

que la Fiscalía, el brazo ejecutor de la persecución pe-

nal ante los Tribunales, obedece a sus designios. Los

golpistas han recibido el mejor regalo en el peor mo-

mento: cuando se inicia la ejecución en Europa de las

órdenes de extradición. Se ufanan felices ante los nue-

vos argumentos que les auguran éxito de sus reivin-

dicaciones ante los tribunales europeos. Una nueva

vía de indultos, la extraordinaria de la imposibilidad

de la persecución fuera de nuestras fronteras. Water-

loo, donde reside el prófugo Puigdemont, se puede

convertir en el faro que recuerda, ante Europa, la hu-

millación de nuestra democracia.

Y TODO ESTO coincide, oh casualidad, cuando el Tri-

bunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a rei-

vindicar la independencia judicial como elemento esen-

cial de la cláusula de Estado de Derecho del artículo 2

del Tratado de la Unión Europea. Así lo ha hecho cuan-

do ha condenado a Polonia por su reforma del Poder

Judicial. En la Sentencia Comisión/Polonia (C-192/18),

dictada el 5 de noviembre de 2019, el Tribunal ha re-

cordado que «la necesidad de independencia de los tri-

bunales, inherente a la función jurisdiccional, está in-

tegrada en el contenido esencial del derecho a la tute-

la judicial efectiva y del derecho a un proceso equita-

tivo, que reviste una importancia capital como garan-

te de la protección del conjunto de los derechos que el

Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la

salvaguarda de los valores comunes de los Estados

miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en parti-

cular el valor del Estado de Derecho [sentencias de 25

de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (De-

ficiencias del sistema judicial), C-216/18 PPU,

EU:C:2018:586, apartados 48 y 63, y de 24 de junio de

2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal

Supremo), C-619/18, EU:C:2019:531, apartado 58]».

Y mientras tanto, el presidente-candidato Sánchez

presume del «ya está»; el nombramiento de la Fiscal

General del Estado crea una cadena de ordeno y man-

do que sujeta a sus deseos la Fiscalía. Así sucede con

las demás instituciones en las que el nombramiento

político sientas las bases de la sumisión. La eterna lu-

cha del Estado democrático de Derecho: la pulsión pa-

trimonializadora frente a la fortaleza de las institucio-

nes; la pulsión tiránica y esclavizadora que sigue sin

ser sometida. Peligro, mucho peligro. El absolutismo

no ha desaparecido, sigue muy vivo.

Andrés Betancor es catedrático de Derecho Administra-

tivo de la Universidad Pompeu Fabra.

Waterloo se puede convertir

en el faro que recuerda, ante

Europa, la humillación de

nuestra democracia

AJUBEL

Las declaraciones

de Pedro Sánchez, en las que afirmaba

que la Fiscalía depende directamente

del Gobierno, ponen de manifiesto el

desprecio del presidente por los valores

históricos del Estado de Derecho.

TRIBUNA iDERECHO

Cadena

de mando

ANDRÉS BETANCOR