El Mundo - 08.11.2019

EL MUNDO. VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019
20

OTRAS VOCES
i

CARTAS AL DIRECTOR Los textos pueden enviarse por correo electrónico a [email protected] o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO

se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán originales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

Falta seriedad

en la política^

Sr. Director:

Se acercan las elecciones

en España después de estar

más de un año sin un Go-

bierno, y parece que nadie

se lo toma en serio. Todas

las mañanas, cuando me

despierto, enciendo el telé-

fono y dedico un rato a ver

las noticias de las páginas

web dedicadas a noticias. Y

cada vez me encuentro más

artículos dedicados a la mo-

fa, la risa y lo cómico ante

nuestros líderes políticos.

Entiendo que un pequeño

chiste no hace daño a na-

die, pero cada vez es más

habitual la demonización de

los políticos sólo por buscar

la risa fácil y el click. Sólo

pido al pueblo español que

se tome en serio una cosa

seria. Elena Gracia Apari-

cio. Alcorcón (Madrid).

El 10-N nos

jugamos mucho

Sr. Director:

La abstención aúpa la dere-

cha al poder, que afila colmi-

llos para continuar demo-

liendo el Estado de bienes-

tar, bajando impuestos a

ricos y privatizando sanidad,

educación y pensiones. Su

proyecto de futuro para

unos pocos privilegiados, se-

rá el infierno de muchos.

Unos datos: cuando en co-

munidades gobernadas por

la derecha, de cada 100 aulas

abiertas 23 son públicas y 77

concertadas –colegios priva-

dos subvencionados con

nuestro dinero–, se vacían las

arcas del Estado; cuando una

plaza de hospital concertado

cuesta hasta seis veces más

que una pública, se está des-

viando a los ricos el dinero

de todos; cuando se dice que

contratemos planes de pen-

siones –a saber si se cobrarán

porque podrían devaluarse o

quebrar–, se está privatizan-

do.

Lo dijo José Luis Sampe-

dro: «Hay dos tipos de econo-

mistas: los que trabajan para

hacer más ricos a los ricos y

los que trabajamos para ha-

cer menos pobres a los po-

bres». Juzguen ustedes y vo-

ten: dinero de todos para to-

dos o para unos pocos.

Público o privado. Miguel

Fernández-Palacios Gor-

don. (Madrid).

Errejón ofende

a los eurofans

Sr. Director:

Tan desesperado debe de es-

tar Errejón al ver cómo su

proyecto político no cuaja

que se dedica a decir sande-

ces para ver si logra algo de

caso. Decir que el debate del

lunes fue «un bochorno de

Eurovisión» nos insulta a

muchos. Ya quisieran estos

políticos. Luis Mora. Madrid.

Una ‘revolución’

ya sin sonrisas

Sr. Director:

Se está comprobando que la

falsa revolución de las sonri-

sas que buscaba vender el ul-

tranacionalismo radical

proindependencia no era

más que el golpismo violento

de los autodenominados

CDR. La detención de los ex-

tremistas que querían más

violencia deja claro lo que es-

conde el «apretad» con el que

Torra les apoyaba. Frente a

estos ultras de comporta-

miento fascistoide, hay que

recordar el último discurso

del Rey en Barcelona: «Ni la

violencia, ni la intolerancia,

ni el desprecio a los derechos

y libertades de los demás»

tienen cabida. La defensa to-

tal que hacen la Corona, la

Guardia Civil y la Policía Na-

cional a lo marcado y refren-

dado en la Constitución es la

mayor bandera de las liberta-

des en nuestra ciudadanía.

David García. Madrid.

LO VIMOS en las sentencias de La Mana-

da. Quien no está familiarizado con la lec-

tura del Código Penal queda sorprendido

con la ductilidad con la que están descritos

los delitos, cosa que hace especialmente di-

fícil y sometible a crítica la labor judicial. Si

en aquellas resoluciones el problema esta-

ba en delimitar qué era la intimidación –la

llave para la calificación de los hechos co-

mo agresión sexual y como violación–, en la

sentencia del procés las madres de la bata-

lla eran el concepto de violencia, puerta de

acceso a la condena por rebelión; y los lími-

tes de las libertades de participación políti-

ca, pues, por supuesto, ningún delito podía

darse si las conductas que se enjuiciaban

constituían el ejercicio de un derecho fun-

damental.

En su compleja labor de intérprete, el juez

toma el relevo del legislador, concretando

los límites de las normas penales de cara a

su aplicación a los hechos que se le presen-

tan. En esta tarea,

la semántica no lo

es todo; a veces, ni

siquiera es mucho,

dada la porosidad

del lenguaje (¿qué

es la violencia?,

¿qué la intimida-

ción?, ¿cuándo una manifestación es legíti-

ma en cuanto pacífica?). De ahí que el juez

deba recurrir a ese peculiar tipo de normas

que son los valores y los principios, que ha-

brán de guiarle a esa respuesta justa que

consiste en proteger sin exagerar.

Proteger es catalogar el hecho como de-

lito solo si es realmente lesivo del legítimo

bien que el precepto aplicable trata de pre-

servar. Como esa protección pasa por algo

tan antipático como enviar a alguien a la

cárcel, hará bien el juez en no derrocharla

y en proveer solo la pena estrictamente ne-

cesaria de entre las que pone a su disposi-

ción el ordenamiento penal.

El debate fundamental que las acusacio-

nes y las defensas pusieron en la mesa del

Tribunal Supremo era si los comportamien-

tos de los acusados en relación con los he-

chos del día 20 de septiembre ante la Con-

sejería de Hacienda y en relación con el im-

pulso y la organización del pseudoreferén-

dum del día 1 de octubre eran propios de

una sedición (Abogacía del Estado); o de al-

go más, una rebelión (Fiscalía); o de mucho

menos, tan nada penalmente como el ejer-

cicio de las libertades políticas propias de

una democracia (abogados defensores). La

sentencia opta razonablemente por la pri-

mera calificación. Y es que los comporta-

mientos que se describen en la parte fáctica

encajan como un guante en la dicción del ar-

tículo 544 del Código Penal, cuya pena sea

quizás excesiva: se produce un «alzamien-

to», una confrontación abierta, «pública y

tumultuaria», para impedir, en el caso del 1

de octubre, «la aplicación de las Leyes o a

cualquier autoridad el cumplimiento de las

resoluciones judiciales».

Aquí la ley era nada menos que la Cons-

titución, y el corazón de la Constitución, y

la resolución judicial nada menos que del

Tribunal Constitucional. El sedicente refe-

réndum no podía celebrarse según nuestra

Constitución democrática por razones for-

males (quién lo convocaba) y sustantivas

(qué se preguntaba). Imponerlo era sedicio-

so. Y se imponía si se hacía «por la fuerza o

fuera de las vías legales», con el consiguien-

te riesgo de confrontación civil. Que la no

celebración del referéndum se impidió «por

la fuerza» lo denota su éxito final. ¿Cómo

se llevó a cabo si no, en contra de la pode-

rosa voluntad del Estado? Como concluye

la sentencia, «los comportamientos del día

1 de octubre implicaron el uso de fuerza su-

ficiente para neutralizar a los agentes de po-

licía que legítimamente trataban de impe-

dir la votación» (FD 4.5).

¿Tanta fuerza como para ser violencia?

¿Tanta sedición como para ser rebelión, da-

do que al orden público que afectaba era el

orden constitucional esencial? «No», con-

testa convincentemente el Supremo. No por-

que, a la vista, la pena que se asigna a la re-

belión deba exigirse un uso especialmente

contundente de la violencia, vía que podría

haber sido fructífera; sino porque, dado que

se constituye como un delito contra la Cons-

titución, debe entenderse que su «violencia

tiene que ser una violencia instrumental,

funcional, preordenada de forma directa,

sin pasos intermedios, a los fines que ani-

man la acción de los rebeldes». Y tal cosa

no se produjo en el presente caso, pues des-

de la perspectiva de los fines de la rebelión

era manifiesta «la inviabilidad de los actos

concebidos para hacer realidad la prometi-

da independencia» (FD 3.2).

QUEDA AÚN la objeción del ejercicio de

derechos fundamentales. Pero es que el lí-

mite de los mismos es el que traza, precisa-

mente, el delito de

sedición para pro-

teger las libertades

de los otros ciuda-

danos, corporeiza-

das en este caso en

la Constitución. La

celebración de un

referéndum vinculante sobre la independen-

cia de Cataluña se puede proponer, y cons-

tituir el objeto de una asociación, y postu-

lar, y hacerse públicamente mediante ma-

nifestaciones. Lo que no puede hacerse es

imponerlo por la fuerza frente a la decisión

democrática colectiva de que esa consulta

no corresponde convocarla al Gobierno de

una comunidad autónoma y de que su con-

tenido, en cuanto inconstitucional, solo es

posible si se reforma previamente la Cons-

titución.

El asunto dista de ser trivial. Imaginen us-

tedes que un partido xenófobo gana las elec-

ciones de una comunidad autónoma y con-

tra la obvia prohibición del Tribunal Cons-

titucional y del modo en el que tal cosa se

hizo en Cataluña, impulsa, alienta y orga-

niza un referéndum sobre la expulsión de

todos los extranjeros de la comunidad. ¿Rec-

to ejercicio de las libertades políticas? ¿Me-

ro delito de desobediencia que saldamos con

una multa y una inhabilitación? ¿O sería lo

adecuado a Derecho, lo justo, lo sensato -

–«prudente, cuerdo, de buen juicio»– cata-

logarlo y castigarlo como una sedición?

Juan Antonio Lascuraín es catedrático de Dere-

cho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

Un referéndum vinculante

de independencia se

puede proponer, pero no

imponer por la fuerza

El autor alaba el rigor

de la sentencia del Tribunal Supremo sobre

el ‘procés’ y considera razonable la decisión

de la Sala presidida por el juez Marchena

de optar por la calificación de sedición.

A FONDO iJUSTICIA

Una sentencia

sensata

JUAN ANTONIO LASCURAÍN

Los hechos descritos en la

parte fáctica encajan como

un guante en el artículo

544 del Código Penal