EL MUNDO. LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019
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ESPAÑA
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
La condena del procés pondrá bajo
la lupa al sistema penitenciario ca-
talán. Desde la llegada de los presos
hace más de un año –y salvo los me-
ses que duró el juicio en que estu-
vieron en cárceles madrileñas–, las
prisiones de Lledoners, Puig de les
Basses y Mas d’Enric se han con-
vertido en centros de peregrinación
de miles de independentistas que
han celebrado, casi cada semana,
algún tipo de acto, concentración,
festival de música o diada castelle-
ra frente a ellas. Por ese motivo, el
Servicio de Vigilancia Penitenciaria
de la Fiscalía de Barcelona alertó en
su memoria del año pasado de «la
existencia de manifestaciones como
mínimo semanales delante de los
centros penitenciarios donde se en-
contraban ubicados dichos presos».
Sin embargo, este efecto llamada
no sólo se produce con el soberanis-
mo de base, sino que también exis-
te una «anormal presencia de auto-
ridades no penitenciarias en dichos
centros», según la Fiscalía.
Se refiere a que muchos cargos
de la Generalitat y del Parlament,
diputados, alcaldes, concejales o
parlamentarios de otros países han
acudido a las prisiones, principal-
mente a Lledoners, que concentra
a la mayoría de internos del procés.
Y no sólo a visitar a sus compañe-
ros, sino a recibir instrucciones an-
te momentos políticos concretos
relacionados con las previsiones
electorales de este año.
Ante esta situación, fuentes de la
Fiscalía han remarcado que velarán
para evitar que se produzcan estas
«situaciones anómalas» a las que se
referían en su informe. Alertan de
que las autoridades de la Generalitat
«muestran públicamente su rechazo
a la prisión provisional acordadarespecto de los investigados por de-
litos gravísimos, que tuvieron lugar
durante el denominado ‘procés’,
considerándoles presos políticos».
Teniendo en cuenta que Cataluña
tiene transferida la competencia de
Prisiones, el Ministerio Público ya
avisó de que, «en el caso de que di-
chos presos preventivos fueran fi-
nalmente condenados», como así ha
sido, «las condiciones de tranquili-
dad e imparcialidad por parte de los
funcionarios y de las autoridades
penitenciarias de la administración
catalana no son las óptimas para la
evaluación de dichos presos».
Y es que la Generalitat, a través
del Departamento de Justícia, es la
encargada de conceder el grado pe-
nitenciario correspondiente a un
penado. La Junta de Tratamiento
de cada centro determina el corres-
pondiente para cada interno en
función de la duración de la conde-na, el riesgo de reincidencia, si tie-
ne apoyo familiar o trabajo estable
y su conducta dentro del centro,
además de participar en programas
de tratamiento. Este tercer grado
obliga al penado a ir a dormir a la
cárcel, en un centro abierto, pero
puede salir a trabajar.
En función de la clasificación
inicial de tratamiento penitencia-
rio que tengan los condenados, la
Fiscalía podría recurrir ante el
juez de Vigilancia, si bien el Re-
glamento Penitenciario establece
mecanismos que permiten flexibi-
lizar las condenas. Hace unos me-
ses, el hijo del ex presidente Jordi
Pujol, Oriol Pujol, ingresó para
cumplir dos años y medio de cár-
cel por el caso ITV y, tras pasar
poco más de 60 días en prisión,
Servicios Penitenciarios de la Ge-
neralitat le concedió el tercer gra-
do. La Fiscalía recurrió y un juz-gado lo revocó, ordenando su in-
greso en la cárcel. Sin embargo,
poco después de esta decisión ju-
dicial la Junta de Tratamiento de
la prisión Brians 1 resolvió aplicar
a Pujol el artículo 100.2 del Regla-
mento Penitenciario, una medida
que le permitía salir cada día de
la cárcel a trabajar o a hacer ta-
reas de voluntariado para facilitar
su reinserción. Unas semanas
más tarde, la Audiencia de Barce-
lona avalaba la concesión del ter-
cer grado de Pujol.
La Fiscalía recuerda que antes
de aplicar el 100.2 a los internos
deben estar clasificados, un proce-
so que tarda meses desde la sen-
tencia. A partir de ahí la Junta de
Tratamiento puede acordar esta
mezcla de grados y permitir una
salida inmediata. Fuentes de la Fis-
calía resaltan que el 100.2 es un
«régimen excepcional» y su aplica-
ción se justifica para seguir un pro-
grama específico de tratamiento
que no pueda ser ejecutado de otra
manera. Una hipotética salida de
los líderes soberanistas presos es-
taría totalmente fiscalizada.DESAFÍO SOBERANISTA LA POLÍTICA PENITENCIARIA
El fiscal vigilará «situaciones anómalas»
El Ministerio Público recuerda que la medida que se aplicó a Oriol Pujol «es un régimen excepcional»
36.2 Código Penal. «La pena
de prisión tendrá una duración
mínima de tres meses y máxima
de 20 años. Cuando la duración
sea superior a cinco años, el juez
o tribunal podrá ordenar que la
clasificación del condenado en el
tercer grado de tratamiento
penitenciario no se efectúe hasta
el cumplimiento de la mitad de la
pena». Ese precepto no lo incluyó
el Supremo en la sentencia, lo
que facilita el acceso al tercer
grado de los condenados en el
juicio del ‘procés’. Pero en este
caso, el recurso del fiscal
paraliza la salida de prisión hasta
que resuelva incluso el Supremo.100.2. Reglamento de
prisiones. «El Equipo Técnico
podrá proponer a la Junta de
Tratamiento que, respecto de cada
penado, se adopte un modelo de
ejecución en el que puedan
combinarse aspectos
característicos de cada uno de los
mencionados grados (estricto,
ordinario o abierto), siempre y
cuando dicha medida se
fundamente en un programa
específico de tratamiento que de
otra forma no pueda ser
ejecutado». Por esta vía, un
recurso de la Fiscalía no paraliza la
puesta en libertad. Sería la vía en la
que piensa la Generalitat. Podría
implicar sólo dormir en prisión.Cuarta parte de la pena.
Los presos sólo pueden acceder a
permisos tras cumplir un 25% de la
pena y gozarían de un máximo de
36 días al año. Junqueras,
Romeva, Bassa, Turrull, Forcadell
no podrían pedirlos hasta 2021.TRES CLAVES QUE
CAMBIARÍAN EL CASOQuim Torra (izda.) abandona junto a Amand Calderó, director de Medidas Penales y Reinserción de la Generalitat, la cárcel de Lledoners, en julio 2018. JOSEP LAGO / AFP