El Mundo - 14.10.2019

EL MUNDO. LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019

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OPINIÓN

SÁNCHEZ sigue abriendo sin control el gri-

fo del gasto para intentar comprar el mayor

número de votos, pese a que ya ha compro-

metido para tal fin 6.600 millones de euros.

Tras anunciar en un acto del PSOE que liga-

rá la subida de pensiones al IPC –lo hará vía

decreto ley pese a que ayer tuvo la desfacha-

tez de llamar a PP y Cs a trabajar juntos en el

Pacto de Toledo–; y tras desbloquear las en-

tregas a cuenta de las comunidades siguien-

do una burda estrategia electoral, ahora lle-

ga el turno de encandilar a otro colectivo de

enorme peso en las urnas: los funcionarios.

Así, tal y como publicamos hoy, el Gobierno

incluirá en el plan presupuestario que está

obligado a enviar a Bruselas un incremento

salarial para los trabajadores públicos del 2%.

Este aumento de los sueldos para 2020 era

una estimación recogida ya en el plan previs-

to por Cristóbal Montoro. Pero mantenerla

con la inquietante coyuntura económica que

desvelan todos los indicadores es un flagran-

te ejercicio de una irresponsabilidad congé-

nita en este Ejecutivo. Pues qué se puede es-

perar de un Gobierno cuya ministra de Ha-

cienda, María Jesús Montero, ha incumplido,

como ha desvelado este periódico, todos los

objetivos clave de la Ley de Estabilidad pre-

supuestaria en los que ha participado.

Sánchez abre sin

control el grifo electoral

SON HORAS de máxima tensión. Un millar de indepen-

dentistas cortaron ayer la Gran Vía de Barcelona y un ra-

dical fue detenido tras agredir a un policía en la estación de

Sants. Es el ensayo general de la reacción insurgente bien

engrasada por organizaciones secesionistas como respues-

ta a la sentencia del procés que previsiblemente el Supre-

mo va a hacer pública hoy. Como adelantó EL MUNDO, los

cabecillas del 1-O serán condenados por sedición tras un

juicio intachable en lo procesal que reafirma la fortaleza de

nuestro Estado de derecho ante el mayor desafío a la de-

mocracia española en estas cuatro décadas. Nadie está por

encima de la ley, principio básico que rige la convivencia

de toda sociedad democrática. Pero la irresponsable clase

política que promueve de forma ilegal la independencia en

Cataluña primero actuó como si estuviera por encima del

bien y del mal y ahora exige una impunidad –incluida la

vergonzante demanda de indultos– que sería tanto como

otra estocada a la Constitución, por otros medios.

La Norma Fundamental garantiza el derecho al pataleo

de cuantos quieran manifestarse en contra de la sentencia,

mientras lo hagan de modo pacífico y con arreglo a las le-

yes. Pero tanto las arengas desde la Generalitat de Torra,

como los llamamientos de distintas plataformas secesionis-

tas o de los filoterroristas CDR nos sitúan ante un clima ca-

si insurreccional en el que se alientan acciones tumultua-

rias violentas que exigen como freno la máxima determi-

nación del Gobierno, sin descartar la activación inmediata

de la Ley de Seguridad Nacional. Confiemos en que los

mandos de los Mossos estén a la altura de su deber. De los

actuales dirigentes catalanes poco cabe esperar, máxime

porque el presidente del Parlament ya ha anunciado que

alentará una ofensiva contra el Estado de derecho, en cla-

ro desafío al Constitucional que le acaba de advertir de que

puede incurrir en responsabilidades penales.

Más allá del terreno del orden público, con el fallo se abre

un nuevo capítulo en la trascendental batalla por el relato

que desde la órbita independentista se viene falsificando

en el exterior con relativo éxito gracias también a la desi-

dia de los sucesivos Gobiernos de España. Estos últimos

dos años, sin ir más lejos, han sido un valioso tiempo per-

dido en el que la diplomacia hubiera debido contrarrestar

la propaganda golpista y voces como la del fugado Puigde-

mont. Menos mal que al fin, como hoy publicamos, Mon-

cloa ha diseñado un plan destinado a la opinión pública in-

ternacional que pasa por la movilización de nuestros em-

bajadores y por una in-

terlocución muy activa

de los ministros con sus

homólogos de países alia-

dos claves. España debe

ser capaz de desmentir

las falacias del indepen-

dentismo que intentará

colar el mensaje de que

se condena a unos políticos por sus ideas y no por unos gra-

vísimos hechos tipificados en el Código Penal. Son días de-

cisivos. El Gobierno cuenta para afrontarlos con el apoyo

de los partidos constitucionalistas, una ayuda que no de-

biera dejar caer en saco roto.

Firmeza del Estado

ante la sentencia

España debe ganar

en el exterior la falaz

batalla del relato

independentista

GALLEGO Y REY

NO SOLO la prensa privada sino ya hasta la pública

TVE (que debiera ser como la mujer del César) habla

alegremente de la sentencia sediciosa, citando

«fuentes jurídicas bien informadas», ese ‘quelqu’un

m’a dit’ que equipara periodismo con perrodismo. Y para

acabar de arreglarlo, Marchena alude a que son 12 son las

personas que pueden haberla filtrado: «En una sentencia que

pasa por 12 personas, no se puede evitar», ¡lo cual no lo

descarta ni a él! Publicar la filtración no es delito pero hacerla

posible sí. De haber sido un juez, sería gravísimo y además

quebrantaría el secreto de las deliberaciones (art. 233 LPJ)

poniendo en peligro la solidez de la propia sentencia en los

futuros recursos ante el TC y el TEDH. Si fue otra de las cinco

personas restantes, funcionarias todas ellas, la revelación

también sería punible. ¿Nadie en la prensa filtrará la fuente?

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TADEU

POCOS asuntos sociales tienen tantas y
tan importantes repercusiones en nues-
tro país como el envejecimiento de la po-
blación. España es la segunda nación del
globo con más ciudadanos de la llamada tercera edad, só-
lo por detrás de Japón, indicativo de una alta calidad de
vida y de un envidiable sistema sanitario de los que cabe
felicitarse. Pero este fenómeno también genera muchos
desafíos. Y, entre ellos, más allá del trascendental asunto
del sostenimiento del sistema de pensiones, destaca el de
la atención a los mayores en situación de algún tipo de
dependencia. Dos de los siete millones de españoles con
más de 65 años viven solos, según datos del INE. Y, de
ellos, 850.000 son octogenarios, una cifra alarmante que
va a dispararse en las próximas décadas. No cabe pasar
por alto que el cambio demográfico ha llegado acompa-

ñado por una radical transformación so-

cial en la que cada vez menos mayores vi-

ven en el domicilio de sus descendientes.

La creciente demanda de residencias

de ancianos es proporcional al déficit de oferta. Según los

ratios establecidos por la OMS, nuestro país debería dis-

poner de unas 450.000 plazas geriátricas –para al menos

el 5% de su población mayor–, pero hoy apenas llegan a

las 370.000. Pocos ciudadanos desconocen la odisea que

representa conseguir una plaza, por no hablar de su altí-

simo coste, inasumible para buena parte de la población.

A la falta de inversiones públicas se une una más que

cuestionada normativa que permite tasas de trabajadores

por residente muy bajas para poder prestar una atención

adecuada. Es éste uno de esos asuntos que de verdad de-

bieran ser prioritarios en la agenda política.

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