EL MUNDO. JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2019
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OTRAS VOCES
EN MAYO de 2011, el Consejo de Ministros presidi-
do por Rodríguez Zapatero creó una Comisión de Ex-
pertos para estudiar el futuro del Valle de los Caídos
de acuerdo con el artículo 16 de la ley 52/2007, cono-
cida como ley de la memoria histórica. El informe que
aquella entregó al Gobierno en noviembre de 2011
mostraba la necesidad de aunar prudencia y acuerdo
para abordar un asunto tan complejo. De hecho, la
Comisión se declaraba «consciente de las dificultades
políticas y sociales» que suponía la «ejecución de sus
recomendaciones», advirtiendo que correspondía al
Gobierno decidir sobre la «conveniencia y oportuni-
dad» y, sobre todo, «lograr los más amplios consensos
sociales y políticos». Como si quisiera dar ejemplo,
sus recomendaciones contaron con el voto unánime
de sus 12 miembros. No obstante, uno de los párrafos
tuvo un voto particular de tres comisionados motivan-
do su negativa a la exhumación y el traslado de los
restos de Franco.
Siete años más tarde, otro socialista llegó a la Presi-
dencia del Gobierno y se apresuró a situar de nuevo
en la agenda el Valle de los Caídos. A finales de junio
de 2018, Pedro Sánchez hizo pública su intención de
trasladar los restos de Franco fuera del Valle. El anun-
cio no respondía solamente al afán de cumplir con la
ley 52/2007. Entraba en juego otra vez la batalla cultu-
ral que las izquierdas españolas tienen planteada a
propósito del pasado español desde 1936 hasta 1978.
Sánchez buscaba recuperar el bastón de mando per-
dido en el enfrentamiento reciente con Podemos, en
el que los compañeros de Pablo Iglesias habían toma-
do la delantera por su izquierda con un discurso radi-
calmente crítico con la Transición por amnésica y en
defensa de una «memoria» selectiva de las «víctimas»
de la Guerra Civil. A la vez, la tumba de Franco podría
servir, una vez más, para
arrastrar al centrodere-
cha hacia posiciones in-
cómodas y cocinar una
precampaña a partir del
manido recurso a la «he-
rencia sociológica» del
franquismo.
Con un Gobierno en
minoría, Sánchez tenía dos opciones en el verano de
2018: recurrir al partido al que había censurado para
intentar forjar un acuerdo y, acompañados de Ciuda-
danos, utilizar el dictamen de la Comisión de 2011 pa-
ra afrontar el espinoso asunto del Valle de los Caídos y
los restos de Franco. O bien utilizar una vez más la ape-
lación al franquismo como arma de combate partidis-
ta y erigirse en abanderado de la izquierda en esta ma-
teria. Escogió la segunda y rápidamente aprobó por re-
al decreto una modificación de la ley 52/2007. El 24 deagosto se añadió un tercer apartado al artículo 16, ha-
ciendo explícito que en el «Valle de los Caídos sólo po-
drán yacer los restos mortales de personas fallecidas a
consecuencia de la Guerra Civil española», es decir,
que Franco no podía seguir allí ni un minuto.
Habría sido interesante conocer las reacciones de
los dirigentes del PSOE y de otros grupos a su iz-
quierda, por no hablar de sus portavoces mediáticos,
si el PP, estando en minoría en el Parlamento, hubiera
aprobado por decreto-ley una modificación de la ley
de la memoria histórica. Ésta, con el paso de los años,
parece haberse convertido en una conquista sistémi-
ca para la opinión progresista.
Algunos conservadores han reprochado al Partido
Popular de Rajoy que no aprovechara su mayoría ab-
soluta de 2011 para cambiar la ley socialista de 2007.
De hecho, la escisión por su derecha de un sector que
confunde la radicalidad con la claridad de ideas en-
contró en este asunto un apoyo más en su particular
denuncia de los supuestos complejos del rajoyismo.
Ciertamente, que el PP se limitara a paralizar la apli-
cación de la ley por la vía presupuestaria supuso que,
al final, ésta se consolidara y se pudieran aprobar de-
sarrollos legislativos como la Ley de Memoria Histó-
rica y Democrática de Andalucía (2/2017), cuya expo-
sición de motivos es un lamentable ejemplo de la ins-
trumentalización de las «víctimas» al servicio de un
discurso histórico delirante.
De este modo, una vez que el Tribunal Supremo au-
torizó el traslado de los restos de Franco al lugar indi-
cado por el Ejecutivo, la situación continuaba en el
punto que interesaba a la estrategia del PSOE. La ex-
posición de motivos del decreto-ley de agosto de 2018
consideraba «urgente» y «preferente» acabar con la
«presencia en el recinto de los restos mortales de Fran-
cisco Franco» porque eso impedía cumplir con el
«mandato legal de no
exaltación del franquis-
mo» y, por tanto, ponía
en riesgo «el propósito
de rendir homenaje a to-
das las víctimas de la
contienda». Como típica
declaración grandilo-
cuente de la izquierda
estaba bien. Pero cabe
preguntarse si lo urgen-
te y, sobre todo, conve-
niente no hubiera sido
que una minoría parla-
mentaria tan escasa co-
mo la del PSOE busca-
ra, por encima de todo,
un amplio acuerdo con
los principales partidos
de la oposición. Un
acuerdo que, además de
ocuparse de Franco,
sentara también las ba-
ses para afrontar algu-
nas de las recomenda-
ciones de la Comisión
de Expertos de 2011.
No es baladí recordar
que el grupo parlamentario del Partido Popular apoyó
buena parte del artículo referido al Valle de los Caídos
en la ley 52/2007. Su portavoz en la Comisión Consti-
tucional afirmó estar «a favor absolutamente de la des-
politización total, integral y absoluta del Valle». Y que,
diez años más tarde, en mayo de 2017, no votó en con-
tra de una proposición no de ley que instaba al Gobier-
no de Rajoy a «afrontar» con urgencia las recomenda-
ciones de la Comisión de 2011. Además, se podrían ci-
tar antecedentes tanto o más relevantes sobre grandes
acuerdos parlamentarios relacionados en este campo,
como el que en noviembre de 2002 sellaron PP y PSOE
para zanjar, supuestamente de una vez por todas, la
cuestión de si el Congreso aprobaba una declaración
condenando el golpe de Estado de 1936.
No hay, pues, motivos para pensar que un acuerdo
entre el Gobierno y los dos principales partidos de la
oposición sobre el Valle de los Caídos hubiera sido
inalcanzable. Si lo ha sido es, en parte, por el empeño
del PSOE en rentabilizar electoralmente una cuestiónque le aporta una ventaja significativa en su disputa
con Podemos por liderar la reivindicación del antifran-
quismo. En su pugna simbólica con el Pablo Iglesias
republicano y visitador de fosas de la represión fran-
quista, Sánchez aspira a convertirse en el presidente
que supuestamente cerrará la Transición al sacar a
Franco del Valle de los Caídos.MIENTRAS, la posición del PP y Ciudadanos ha si-
do incómoda, tal y como siempre deseó La Moncloa.
No es extraño que la vicepresidenta del Gobierno,
Carmen Calvo, fingiera en septiembre de 2018 que la-
mentaba la abstención de los dos grupos cuando el
Ejecutivo les impuso el trágala del decreto-ley que de-
claraba urgente la exhumación de los restos de Fran-
co. En realidad, un PSOE en vías de recuperar la he-
gemonía en la izquierda estaba encantado con la eter-
na disputa cultural a propósito del franquismo. Apeló
al dictamen de la Comisión de 2011 en la exposición
de motivos de su decreto-ley, pero trampeando. No
quiso recordar, entre otras cosas, que la primera re-
comendación se titulaba «Necesidad de los más am-
plios consensos»; o que la referida al lugar de enterra-
miento de Franco y Primo de Rivera, si bien no fue
apoyada por unanimidad por recomendar su trasla-
do, instaba al Gobierno a que «deberá buscar los más
amplios acuerdos parlamentarios».
Una parte del dictamen de aquella Comisión podría
haber sido, así, el punto de partida para una reordena-
ción de la estrategia del centroderecha ante la espino-
sa cuestión del pasado reciente. El PSOE ha vuelto a
darles la oportunidad de convertir un trágala en una
ventaja para reconsiderar su siempre problemática re-
lación con el asunto de la mal llamada memoria histó-
rica. Si su objetivo, como ha declarado en varias oca-
siones el PP de Casado, es fortalecer el recuerdo de laconcordia que hizo posible la Transición, haber pues-
to al PSOE en la encrucijada de negociar el cómo y el
cuándo del traslado de los restos de Franco y el co-
mienzo de una reorganización del Valle de los Caídos
a partir de las recomendaciones de la Comisión de Ex-
pertos, podría haber conllevado algunos riesgos –co-
mo proporcionar a Vox munición para sus estriden-
cias– pero habría aportado ventajas sustantivas. De he-
cho, nada habría fortalecido más el anclaje de nuestra
democracia a los pactos de la Transición que haber ac-
tualizado su relevancia para las nuevas generaciones
mediante un acuerdo que colocara a Ciudadanos y al
PP en el mismo lugar desde el que se anunciara y ex-
plicara la salida de Franco del Valle. Habría sido, ade-
más, un avance en la inexcusable derrota de los impug-
nadores de la Transición.Manuel Álvarez Tardío es catedrático de Historia del Pen-
samiento y los Movimientos Sociales y Políticos. Y codirec-
tor de Podemos. Cuando lo nuevo se hace viejo (Tecnos).Sánchez aspira a ser el
presidente que supuestamente
cerrará la Transición al sacar a
Franco del Valle de los CaídosRAÚL ARIASEl autor
cree que el uso partidista de Sánchez
del franquismo ha impedido un acuerdo
con la oposición para ocuparse de Franco
y considerar las recomendaciones
de la Comisión de Expertos de 2011.
TRIBUNA iVALLE DE LOS CAÍDOS
Lo ‘urgente’
era el
consenso
MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO