El Mundo - 24.10.2019

EL MUNDO. JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2019
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OPINIÓN

EL PRESIDENTE boliviano Evo Morales ha

acallado las denuncias de manipulación elec-

toral al más puro estilo chavista: se ha decla-

rado vencedor de los comicios –a pesar de no

haber concluido el recuento de votos–, ha de-

nunciado un «golpe de Estado» dirigido por

la «derecha con apoyo internacional» y ha

declarado el estado de emergencia. No hay

que olvidar que en algunas localidades con-

tinúa aún el paro cívico indefinido convoca-

do por la oposición como protesta por lo que

considera un «fraude escandaloso». Ni que el

líder opositor, Carlos Mesa, ya ha anunciado

que no reconocerá la victoria de Evo Mora-

les, ya que la OEA ha planteado serias dudas

sobre la transparencia del proceso electoral.

De esta forma, el líder revolucionario pre-

tende evitar que se complete el escrutinio y

que no se celebre una segunda vuelta, tal y

como exige la ley cuando ningún candidato

haya alcanzado el 50% de los votos. Morales,

que lleva ya 14 años en el poder, perdió en

2016 un referéndum sobre su reelección in-

definida, y si ha podido presentarse a las

elecciones es porque el Tribunal Electoral

–una instancia que apenas goza de credibili-

dad– se lo ha permitido. Como otros caudillos

populistas, Morales quiere seguir detentan-

do el poder al margen de la democracia.

Evo Morales, al más

puro estilo chavista

ESTE PERIÓDICO ya denunció en su día la insopor-

table levedad del soporte argumental sobre el que Pe-

dro Sánchez edificó su moción de censura contra Ma-

riano Rajoy. Muchos de los casos de corrupción que

han afectado al PP –y en especial durante la etapa del

propio Rajoy como presidente del partido– fueron co-

nocidos por los españoles gracias a EL MUNDO. Pe-

ro esa labor de fiscalización del poder que está en la

médula de nuestra concepción del periodismo no os-

curece la burda instrumentalización que hizo el

PSOE de unas líneas improcedentes estratégicamen-

te introducidas en una sentencia por un juez afín al

socialismo. Pues bien, ese magistrado acaba de reci-

bir un severo varapalo de manos del Pleno de la Sala

de lo Penal de la Audiencia Nacional, que concluye

que las valoraciones que realizó José Ricardo De Pra-

da sobre la caja B del PP en la sentencia de Gürtel

«destruyen la necesaria apariencia de imparcialidad

que debe reunir todo miembro de un tribunal».

Según los fundamentos jurídicos del auto por el que

la Audiencia ha acordado apartarle del juicio a la finan-

ciación irregular del PP, De Prada «dio por sentado el

acreditamiento de varios hechos que no eran objeto es-

tricto de enjuiciamiento». Incurrió así en un «posicio-

namiento explícito» que «le priva objetivamente de las

condiciones de imparcialidad exigibles». De este mo-

do los tribunales vienen a confirmar que la maniobra

de Sánchez para auparse al poder se cimentó en un

manejo espurio del derecho y en un burdo ejercicio de

colonización política de la Justicia. Una politización,

por decirlo todo, de la que el propio PP ha participado

siempre en nefasto cambalache con el PSOE, y que co-

mo vemos no solo redunda en el descrédito del Poder

Judicial sino que a veces hace sentir sus peores efec-

tos sobre los propios partidos involucrados.

La recusación de De Prada resulta por tanto perti-

nente y legítima. Y trae de vuelta al primer plano de

actualidad los bochornosos orígenes del poder de

Sánchez, nacido de una moción que nunca cumplió

el requisito constitucional de ser constructiva, pues-

to que el Gobierno resultante fue incapaz de amasar

una mayoría sobre la que sostenerse más allá de un

puñado de meses. Se trató en realidad de una puntual

concertación de voluntades de rechazo, una moción

destructiva para tumbar a Rajoy y proceder a la inme-

diata colonización de

las instituciones una

por una, al objeto de

perpetuarse en Mon-

cloa mediante una

extenuante carrera

de mercadotecnia

electoral pagada con

recursos del Estado.

El penúltimo de cuyos hitos es la exhumación de los

restos de Franco que hoy se servirá en directo a todas

las televisiones a la pretendida gloria del antifranquis-

mo en diferido. Política reformista real, desde aque-

lla moción antijurídica, muy poca o ninguna.

Una moción de

censura tramposa

Sánchez se sirvió

de un uso espurio

del derecho para

tumbar a Rajoy

GALLEGO & REY

MÁS alarmante que el estado de zozobra en que vive

España desde hace cuatro años, en gran parte por la

mala gestión del asunto catalán, es que muchas de las

indignaciones razonables y de sus posibles

respuestas procedan de un partido como Vox, populismo en

estado puro, y que puede perfectamente convertirse en el

tercer partido nacional. Ya lo advirtió Marine Le Pen antes de

las presidenciales en que ganó Macron como mal menor: en el

80% de las cuestiones hemos votado igual que Melenchon &

sus indignados de izquierda (con el que sumaban más del 40%

del voto popular). Aún no se da tal fenómeno en España (el

fantasma de Franco para algo ha de servir) pero la tendencia

populista ya es transversal. El 10-N por la noche es probable

que sólo sumen PSOE y PP: si deciden no hacerlo (con el

turnismo en mente) vendrá Vox y tendrá nuestros ojos.

Ojos

TADEU

SOBRE el papel, todos los partidos polí-
ticos asumen en España la necesidad de
afrontar una reforma del sistema judicial
que, entre otros factores, introduzca me-
canismos claros de despolitización de los tribunales y de
sus órganos de gobierno. Sin embargo, pocos son los di-
rigentes que se atreven a dar pasos en esta dirección. Por
este motivo, resulta muy acertado que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid pretenda que no sea la Asamblea
regional la encargada de designar a uno de cada tres ma-
gistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), sino que lo hagan los propios profesionales.
De consumarse, constituiría una saludable medida
de regeneración democrática. EL MUNDO siempre se
ha mostrado partidario de avanzar en la despolitiza-
ción de la Justicia, una lacra tradicionalmente ignora-

da por el bipartidismo que golpea la

credibilidad de uno de los poderes del

Estado. Ciudadanos defiende desde su

fundación el cambio del método en la

elección de los jueces. La medida impulsada por la pre-

sidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), y el vicepre-

sidente Ignacio Aguado (Cs), deberá remitirse al Con-

greso tras ser aprobada por mayoría absoluta en el

Parlamento regional. Su objetivo es que sea el propio

Consejo General del Poder Judicial el encargado de cu-

brir todas las plazas del TSJM mediante un concurso

público dirigido a juristas de reconocido prestigio con

más de una década de ejercicio.

Es una iniciativa plausible y necesaria. De lo que se tra-

ta es de blindarla instaurando un mecanismo basado en

el mérito y la capacidad, y no en la afinidad partidista.

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