Opinión
42 ExpansiónMiércoles 2 octubre 2019
E
n el contexto global de la cri-
sis de las pensiones públicas,
las de naturaleza contributiva
cuentan con el más injusto trata-
miento, aunque su perjuicio reper-
cutirá preocupantemente en el res-
to. Es necesario reconocer y prote-
ger los derechos de la España que
trabaja. Necesitamos riqueza, nece-
sitamos productividad.
El sistema de pensiones es un cla-
ro ejemplo de la necesidad acuciante
de medidas urgentes encaminadas a
paliar la degradación de los derechos
y del nivel de vida de quienes se jubi-
lan tras una etapa laboral activa, pro-
ductiva y solidaria. No sólo han ge-
nerado derecho a una pensión, sino
que han aportado mucho con su tra-
bajo: impuestos, riqueza, productivi-
dad, innovación, desarrollo y bienes-
tar colectivo. Los que contribuyen, la
parte productiva del país, deben go-
zar de derechos y garantías, no sólo
sostener el bienestar general. Deben
disfrutar del reconocimiento, la con-
sideración, el respeto e, incluso, la
protección de recibir conforme a su
aportación, así como la libertad de
planificar su futuro.
Asimismo, los españoles necesitan
y tienen derecho a saber la situación
real de un sistema que se desmoro-
na, de su insuficiencia futura y de la
ausencia de medidas ante tal situa-
ción. Tienen derecho a la realidad,
no al papanatismo de un Papá Esta-
do que todo proveerá. Tienen dere-
cho y obligación de autorresponsa-
bilidad, compromiso y previsión con
su futuro estado de jubilación.
Hace unos días salían a la luz las
perspectivas de un informe de Willis
Towers Watson: si se aplicase el ín-
dice de revalorización de las pensio-
nes, su valor caería un 1,87% en
- Recordemos que el anterior
Gobierno frenó la implantación de
este índice hasta este año, por lo que
aún es posible que, de no volver a
suspenderse, esa reducción cercana
al 2% llegue a cumplirse.
Desde los inicios del Pacto de To-
ledo, en 1995, se han ido sucediendo
propuestas que no han salido ade-
lante. Tras casi 25 años totalmente
perdidos, se ha mostrado la falta de
voluntad política para abordar el
problema y la incapacidad del Esta-
do para garantizar su sostenibilidad
y suficiencia. Es solo la punta del ice-
berg. Existen más factores que abo-
can el sistema a su insostenibilidad,
destacando el demográfico. La prolí-
fica generación del Baby boom está
próxima a jubilarse, y el número de
cotizantes no da para sustentar tan-
tas prestaciones.
Analizar las partidas
Lejos de medidas puntuales ligadas
al propio modelo, el Estado debe
analizar a qué partidas destina sus
recursos. Los ingresos son limitados,
y el gasto en pensiones tiene un po-
tencial de crecimiento inconmensu-
rable. Quizá sea momento de decidir
si es posible seguir manteniendo tan
prolífera Administración Pública,
una ingente clase política, un desor-
bitado funcionariado y puestos de
confianza con multitud de puertas
giratorias.
O si es posible seguir tolerando
con inexplicable complicidad el
fraude masivo del absentismo labo-
ral no justificado. Los recursos son li-
mitados; las necesidades, muchas.
Necesitamos, en garantía de la actual
generación y de las generaciones ve-
nideras, una planificación leal que
proteja y fomente más productores,
menos y más eficaces administrado-
res, y ningún parásito.
Adicionalmente, debemos ser
conscientes de que España es uno de
los países en el que más carga sopor-
tan las pensiones públicas. La tasa de
reposición, diferencia entre el últi-
mo salario y la prestación por jubila-
ción, se sitúa sobre el 80%, la mayor
si atendemos a las que se sustentan
exclusivamente en el sistema públi-
co. Como la mayoría de los países de
nuestro entorno, si queremos man-
tener unos ingresos suficientes al lle-
gar la jubilación, es imprescindible
que cada trabajador realice un ejer-
cicio de autorresponsabilidad y co-
mience a ahorrar lo antes posible pa-
ra contar con una capitalización
complementaria suficiente.
Pero lograrlo no es cuestión exclu-
siva de los ciudadanos. Es necesario
que el Estado incentive los produc-
tos de ahorro a largo plazo y su fisca-
lidad de una manera decidida, del
mismo modo que debe abandonarse
esa actitud paternalista o de ocultis-
mo que no sirve para que la ciudada-
nía sea consciente del problema real
que debemos afrontar y cuya solu-
ción, en manos de todos, estamos di-
latando, perdiendo un tiempo que
no tenemos.
El precipicio de las pensiones públicas contributivas
Presidente del Grupo PSN
Miguel
Carrero
E
spaña es hoy un país diame-
tralmente diferente al que
era hace 35 años. Los cam-
bios estructurales del modelo eco-
nómico, la irrupción de las nuevas
tecnologías y el avance espectacu-
lar de las telecomunicaciones han
impulsado una transformación po-
lítica y social que pocos imagina-
ban en nuestro país en los años
ochenta.
En 1985, la Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical dio carta de naturaleza a
un modelo sindical que abría un fu-
turo nuevo a las personas trabajado-
ras del país. Esta norma supuso la
puesta en marcha de un marco de re-
laciones laborales moderno, equipa-
rable al resto de Europa e impulsó
con claridad el derecho a la sindica-
ción, pilar esencial en un Estado so-
cial y democrático.
Pero ni la España de hoy es la de
1985 ni las personas trabajadoras de
nuestros días tienen las mismas ne-
cesidades. La legislación sindical
adoptada entonces se ha convertido
en la práctica en una coraza que im-
pide crecer a otras opciones legíti-
mas y deja sin representación a mu-
chos ciudadanos. Ha llegado el mo-
mento de impulsar un nuevo mode-
lo, más acorde con la realidad de la
sociedad y con sus demandas labora-
les. Desde la Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las
Administraciones Públicas y con
presencia creciente en el sector pri-
vado, damos un paso adelante para
reclamar una reforma normativa.
Somos conscientes de que hay mu-
chas voces que reclaman un sindica-
lismo renovado, generalista, inde-
pendiente desde el punto de vista
político, profesional, transparente y
alternativo a las tradicionales orga-
nizaciones de clase.
Ahora más que nunca hace falta
trasladar al ámbito sindical el plura-
lismo democrático de la sociedad es-
pañola. Reclamamos la modifica-
ción de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical. Planteamos que sea sufi-
ciente el 5% de representatividad
para estar presente en los ámbitos de
negociación, tal como ocurre en el
escenario político, donde se precisa
únicamente entre el 3% y el 5%.
Burocracia obsoleta
Según un estudio realizado por
CSIF, actualmente hay 80.000 dele-
gados sindicales contabilizados en
empresas que ya no existen por una
barrera burocrática obsoleta. Por
eso, reclamamos que cada vez que se
dé de baja una empresa, de manera
simultánea se den de baja los repre-
sentantes sindicales en los registros
públicos.
En España hay casi 17 millones de
trabajadores y trabajadoras. De esta
cifra, tres millones son autónomos y
4,3 millones ejercen su actividad en
empresas donde no se celebran elec-
ciones sindicales. De los 10 millones
restantes que cuentan con procesos
electorales, un 33% elige otras opcio-
nes alternativas a los sindicatos tra-
dicionales, como la que defiende
CSIF, que en diez años ha cuadripli-
cado su representación en la empre-
sa privada.
El próximo 10 de octubre el VIII
Congreso General Nacional de
CSIF, máximo órgano de dirección
que celebramos cada cuatro años,
dirá alto y claro que no podemos
desatender esta demanda social.
Nos enfrentamos a otras realidades
y una sociedad avanzada, madura y
democrática como la actual necesi-
ta unos sindicatos nuevos que se-
pan adaptarse a la realidad y dar las
respuestas que nos reclama la ciu-
dadanía.
Otro modelo sindical es posible
Miguel
Borra
Presidente de CSIF
Los que contribuyen,
la parte productiva del
país, deben gozar de
derechos y garantías
Ahora más que nunca
hace falta trasladar
al ámbito sindical el
pluralismo democrático
Es necesario que el Estado incentive los productos de ahorro a largo plazo y su fiscalidad de una manera decidida.
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