EL MUNDO. JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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ESPAÑA
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ESTEBAN URREIZTIETA MADRID
La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil acusa al
Gobierno que presidía José Luis
Rodríguez Zapatero de «elaborar y
aprobar un Real Decreto ad hoc»
para desviar 31 millones de euros
públicos que se acabaron repar-
tiendo los líderes de la UGT de As-
turias bajo el pretexto de la cons-
trucción de un geriátrico levantado,
además, en una zona no urbaniza-
ble. Entre los principales beneficia-
rios de esta operación, que se fra-
guó «desatendiendo las recomen-
daciones de la Abogacía del Estado
y de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Industria», se en-
cuentra el histórico líder sindical
José Ángel Fernández Villa, figura
clave en el ascenso de Zapatero a
la secretaría general del PSOE.La Policía Judicial ha elaborado
su informe definitivo en la denomi-
nada Operación Hulla, al que ha te-
nido acceso en exclusiva EL MUN-
DO, y en el que pone el foco direc-
tamente sobre la implicación del
Ejecutivo socialista. «Sin esta mo-dificación normativa y sin la conse-
cuente subvención no se podría ha-
ber financiado el proyecto» de la
residencia de ancianos de Felecho-
sa, subraya en alusión al Real De-creto 1219/2009 por el que se mo-
dificaba el 1112/2007 que establece
el régimen de ayudas a las comar-
cas mineras del carbón.
El proyecto impulsado por Fer-
nández Villa, cuando el nuevo Re-
al Decreto «entró en vigor, ya se
había adjudicado y se habían emi-
tido tres certificaciones de obra».
Lo que acredita, a juicio de la UCO,
que «quienes decidieron iniciar el
proyecto tenían la total seguridad
de la aprobación del Real Decre-
to». «En resumen», prosigue la
Guardia Civil, «todo hace indicar
que se modificó el marco legal pa-
ra hacer viable la subvención, lle-
gando incluso a recoger la nueva
norma requisitos contemplados un
año antes por la Mesa Regional de
la Minería, desatendiendo las reco-
mendaciones de la Abogacía del
Estado y de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio».
Una circunstancia que evidencia,
añaden los investigadores, que
«aquellos con capacidad decisoria
sobre la aprobación del Real De-
creto», en referencia a los altos car-
gos del PSOE, «habrían trasladado
la certeza de que el proyecto se
aprobaría». A la vista de este infor-
me, la Fiscalía Anticorrupción ha
solicitado al Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Oviedo que re-
quiera al Ministerio de Industria
para que «identifique» a todos los
funcionarios que intervinieron en
la tramitación de la subvención pa-
ra depurar sus responsabilidades.
La UCO incluye además y avala
la confesión que realizó en sedepolicial el ex gerente del Instituto
para la Reestructuración de la Mi-
nería del Carbón (IRMC), Juan Mi-
guel Benítez. Este funcionario re-
veló que el desvío millonario y lamodificación normativa fue una
«imposición» del Gobierno socia-
lista. «Fernández Villa fue quien
hizo los contactos necesarios para
que desde arriba dieran las ins-
trucciones necesarias; tenía mu-
cho poder y capacidad de pedir
audiencia al presidente del Gobier-
no y al ministro de Industria», que
en ese momento era Miguel Se-
bastián, señaló Benítez. La cons-
trucción del geriátrico sirvió, como
ya denunció Anticorrupción, paraque Fernández Villa y su mano de-
recha, José Antonio Postigo, se
apropiaran de «ingentes cantida-
des de dinero» que se estima pue-
dan alcanzar los 15 millones de
euros gracias a la subvención «so-
bredimensionada» otorgada por el
Gobierno socialista y la «concerta-
ción» del Ministerio de Industria
con los líderes mineros.
La UCO destaca en todo este
proceso el «papel relevante» de-
sempeñado por Fernández Villa
con el Gobierno socialista gracias
al «predominio y fuerza moral que
durante décadas había atesorado
en las cuencas mineras gracias a
su hegemonía en el SOMA (Sindi-
cato de los Obreros Mineros de As-
turias), que le habría permitido di-
rigir movilizaciones sindicales y
huelgas que le propiciaban una si-
tuación de prevalencia sobre mu-
chas personas con responsabilidad
pública». «Todas estas circunstan-
cias habrían podido jugar a su fa-
vor para ejercer influencia eficaz
en el proceso motivador de los
miembros de la Mesa de la Minería
y/o de alguna persona con respon-
sabilidad pública vinculada a los
fondos mineros o, incluso, que in-
terviniese durante la tramitación
del Real Decreto», agrega.
La UCO ha acreditado, asimismo,
que el grupo de Fernández Villa in-
tervino para manipular incluso la
elección de la adjudicataria del pro-
yecto. Llegando al extremo de que
han sido intervenidos correos elec-
trónicos enviados por miembros de
la Comisión Técnica encargados de
evaluar las ofertas en los que filtra-
ron al ganador el contenido del res-
to de proyectos. Lo hicieron con ad-
vertencias del tipo: «Lo que tengáis
que copiar de otros, tened cuidado
y cambiad algo del nombre de la
descripción de las partidas o el or-
den de las mediciones y que nunca
coincida el precio exacto».
La adjudicataria pagó posterior-
mente «comisiones ilícitas» a los lí-
deres sindicales y propició que se
desviaran importantes cantidades
de dinero que acabaron aflorando
en parte con la Amnistía Fiscal. Por
todo ello la UCO advierte, entre
otros, la comisión de un delito de
blanqueo de capitales cometido
por los líderes sindicales.La UCO acusa al
Gobierno de ZP
de favorecer el
desfalco de Villa
Concluye que manipuló un Real Decreto para
desviar 31 millones públicos al líder de UGT
La coartada: el
geriátrico. Los líderes
de la UGT asturiana
solicitaron una subvención
millonaria al Gobierno
para construir una
residencia en un terreno
no urbanizable de la
localidad de Felechosa.La modificación
legal. El clan de
Fernández Villa exigió
al Gobierno de Zapatero
que modificara un Real
Decreto para percibir
31 millones de los que
gran parte acabaron
en sus bolsillos.Fiscalía estrecha el
cerco. Anticorrupción
pide identificar a todos
los funcionarios del
Ministerio de Industria
que tramitaron el desvío
de fondos a Fernández
Villa, que acabó aflorando
una parte del dinero con la
amnistía fiscal de 2012.CLAVES DE LA
‘OPERACIÓN HULLA’José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, y José Ángel Fernández Villa, en la XXX Fiesta Minera de Rodiezmo (León), en 2009. J. CASARES / EFE
La Abogacía del
Estado y la Secretaría
técnica del Ministerio
advirtieron en contraAñade que Villa logró
el dinero público
gracias a su «fuerza
moral» en el PSOE