EL MUNDO. JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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ESPAÑA
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ya obligó al Gabinete liderado por
Quim Torra a aprobar el pasado
mes de abril un suplemento de
crédito por valor de 813 millones
de euros, con el que el Govern hi-
zo frente a gastos tan apremiantes
y ordinarios como el pago de las
nóminas de sus funcionarios del
sector sanitario y educativo.El Govern también ha aprobado
la interposición de un recurso
contencioso contra el Ministerio
de Hacienda al entender que debe
transferirle 1.317 millones de eu-
ros procedentes de la mejor re-
caudación de IVA en 2019 y 2017.
El Gabinete de Pedro Sánchez re-
bate que la falta de Presupuesto
estatal impide ejecutar el pago, no
sólo a Cataluña, sino al resto de
comunidades autónomas.
En paralelo, Aragonès ya ha ini-
ciado la ronda de negociaciones
con las tres formaciones de iz-
quierda de la oposición, sus po-
tenciales socios para sacar adelan-
te las cuentas, con dispar suerte.
El socio prioritario del Govern
es la CUP, puesto que su solo res-
paldo ya permitiría a Torra ver
aprobadas las cuentas y mantener
viva la legislatura. Sin embargo, la
formación antisistema se mostró
muy reacia a dar su visto bueno al
Presupuesto tras la primera reu-nión con el consejero de Econo-
mía, celebrada la noche martes. El
partido independentista radical
consideró que, pese al aumento
impositivo, el proyecto presupues-
tario del Govern es «continuista e
insuficiente» y «consolida los re-
cortes de los últimos años».
Tampoco los comunes ven cla-
ros los cálculos realizados por el
Departamento dirigido por ERC,
que promete un aumento de la in-
versión social de 2.500 millones,
pero no concreta un incremento
acorde de los ingresos que permi-
ta sustentarlo. La formación de
Ada Colau se ha comprometido
por el momento a seguir nego-
ciando con el Govern, algo que ya
hizo el pasado año para acabar
abocando a Torra a la prórroga.
El PSC, por su parte, ha acepta-
do entrar en la negociación, pero
exige a Torra abrazar la «legalidad»
y descartar la «unilateralidad» para
no levantarse de la mesa.VÍCTOR MONDELO BARCELONA
Mientras la Comunidad de Madrid
prepara una «histórica» rebaja de
impuestos ya iniciada en Andalu-
cía, Cataluña se propone recorrer
la senda contraria. El Govern de la
Generalitat prevé incluir un au-
mento de la presión fiscal con es-
pecial repercusión en las rentas
en su Presupuesto para 2020.
Así lo admitió ayer el vicepresi-
dente del Ejecutivo catalán y con-
sejero de Economía, Pere Ara-
gonès, quien defendió una modifi-
cación IRPF y el impuesto de
Sucesiones para aumentar la re-
caudación de la Generalitat, que
funciona con las cuentas prorro-
gadas desde 2017.
El dirigente de ERC reconoció,
además, que el aumento del IRPF
no se aplicará exclusivamente a lasrentas más altas. Habló Aragonès
de una tributación «más progresi-
va», lo que apunta a que los sala-
rios medios también podrían verse
afectados, a cambio de introducir
«mejoras» en las rentas más bajas.
Alegó el máximo responsable en
materia económica de la Generali-
tat que Cataluña es un «país» con
«poca gente rica», para justificar
sus propósitos, entre los que tam-
bién está el de gravar a las «gran-
des herencias». Aragonès sostuvo
que el 75% de los herederos de la
región pagan menos de un euro a
la Administración Pública cuando
pasan a ser titulares de los bienes
de sus familiares fallecidos.
El paquete tributario que gesta
la Generalitat quedaría completa-
do con nuevos «impuestos ver-
des» para, defendió el vicepresi-
dente, aumentar la inversión en
transporte público.
Más allá de saciar la sed de li-
quidez de las arcas de la Generali-
tat, el aumento impositivo esboza-
do ayer por Aragonès busca con-
tentar a la izquierda para que sus
votos le permitan aprobar las pri-
meras cuentas en tres años ante la
imposibilidad de seguir funcio-
nando con un Presupuesto prorro-
gado. La situación de asfixia que
propicia esta anómala coyunturaEl desafío del 12-O fue «un acto político»
Comienza el juicio contra los ediles de Badalona que abrieron el Ayuntamiento en la Fiesta Nacional
Aragonès advierte. El
vicepresidente de la Generalitat
advirtió a inicios de semana de
que la no aprobación de un
Presupuesto para 2020 haría
inviable mantener viva la
legisaltura y abocaría a un
nuevo avance electoral en
Cataluña.Torra y Puigdemont
se niegan. Tanto el
presidente de la Generalitat
como su antecesor, Carles
Puigdemont, descartan esta
opción. Ayer el prófugo
insistió desde Waterloo, tras
reunirse con Quim Torra, en
que el momento actual pide
«fortalecer el Govern».ERC AMENAZA
CON ELECCIONESHÉCTOR MARÍN BARCELONA
Seis concejales del gobierno mu-
nicipal de Badalona que desban-
có al PP de la Alcaldía en 2015 se
sentaron ayer en el banquillo
acusados de desobediencia tras
desafiar, hace casi tres años, la
orden judicial que prohibía abrir
el Ayuntamiento durante la Fies-
ta Nacional del 12 de octubre.
Los cuatro ediles procesados de
la coalición Guanyem Badalona
en Comú –tres de ellos, militantes
de la CUP– alegaron que atender
a los ciudadanos en un día festi-
vo, a pesar de la prohibición de
un juez, fue «una decisión políti-ca» contraria a la celebración del
Día de la Hispanidad. Los dos de
Esquerra Republicana, defendi-
dos por Andreu Van den Eynde,
abogado de Oriol Junqueras y
Raül Romeva en el juicio del pro-
cés en el Tribunal Supremo, es-
grimieron que el supuesto desa-
cato no pasó del simbolismo.
Abrir las dependencias munici-
pales durante el Día de la Fiesta
Nacional para atender a los ciuda-
danos puede costar a cada uno de
los seis ediles 15 meses de inhabi-
litación para ejercer cargos públi-
cos y una sanción de 4.200 euros.
Esa es la pena que la Fiscalía, trasuna querella del PP, pide para
unos procesados que intentaron
reivindicar la «legitimidad» de tra-
bajar un 12 de octubre, al tiempo
que defendieron su «inocencia»
basándose en que no desobedecie-
ron y en que el Ayuntamiento de la
cuarta ciudad más poblada de Ca-
taluña no abrió con normalidad.
Las seis declaraciones fueron
muy similares. Uno de los acusa-
dos, Jose Téllez (CUP), rompió en
pedazos ante los periodistas en
2016 una copia de la resolución
judicial, que ayer definió como un
«golpe de Estado a la soberanía
local». Téllez respondió al fiscalque si actuó así fue para «expre-
sar a través de un gesto contun-
dente e improvisado la disconfor-
midad con aquella trampa».
Los hechos ocurrieron cuando
la alcaldesa Dolors Sabater (Bada-
lona en Comú) estaba de viaje ofi-
cial y su puesto lo ocupaba el re-
publicano Oriol Lladó. A pregun-
tas del fiscal, el concejal dijo que
abrir el Ayuntamiento fue «una es-
cenificación que no constituye de-
lito» y que los encausados actua-
ron como representantes políti-
cos. A la salida, Lladó afirmó que
considera que el juicio «responde
a una intencionalidad política».La CUP, los ‘comunes’
y el PSC aceptan
negociar las
cuentas de TorraCataluña planea
aumentar su
presión fiscal
La Generalitat subirá el IRPF y Sucesiones
mientras Madrid y Andalucía bajan impuestos
Los seis concejales de Badalona que desobedecieron el 12 de octubre de 2016, ayer en el juicio. ANTONIO MORENO