NACIONAL POLÍTICA Y SOCIEDAD Lunes 29 de Julio de 2019 EL FINANCIERO 59
La retórica de la austeridad
L
a austeridad es un dardo
envenenado. No me refiero
al principio de ética pública
que exige especial moderación en
el uso y aplicación de los bienes
y recursos públicos por parte de
representantes electos y agentes
del gobierno, sino a su manipu-
lación demagógica. Al discurso
que demoniza el gasto público
y, desde ahí, cuestiona la perti-
nencia de ciertas instituciones,
funciones públicas, derechos o
deberes. La trampa que somete
la racionalidad de la inversión y
gasto públicos a la tensión binaria
entre derroches o necesidades.
Esa retórica que sirve lo mismo
para repudiar las cargas fiscales
y la presencia del Estado en las
relaciones económicas y sociales,
que para desplazar prioridades
públicas a discreción del poder.
Es esa persuasiva insinuación de
que el dinero público estaría me-
jor en cada bolsillo, ya sea porque
nunca debió salir de ahí o porque
es más justo repartirlo en partes
iguales. La peligrosa seducción
de los populistas libertarios de
derecha y de los populistas des-
pilfarradores de izquierda.
La retórica de la austeridad cari-
caturiza la complejidad de la asig-
nación de bienes y recursos por
definición escasos. Se aprovecha
dice la cifra en sí misma? ¿Cómo
ponderar la utilidad económica
y social de 100 o 1,000 millones
con información imperfecta y
sesgos cognitivos? ¿O qué es más
justo? ¿Asignar 4 mil millones
de pesos al año para financiar el
funcionamiento de los partidos
políticos o crear 67 mil nuevas
plazas para estudiantes universi-
tarios en la UNAM? ¿Sostener al
Poder Judicial de la Federación, al
Congreso, al INE o pagar menos
IVA? ¿Mantener sueldos públicos
o recibir una transferencia men-
sual de dinero público?
Después de un largo ciclo de
derroches, de absurdos privi-
legios en el servicio público y
de corrupción tolerada y alen-
tada desde el poder, los gestos
presidenciales de medianía y
desapego dotaron de cierta legiti-
midad y credibilidad a la retórica
de austeridad. Pero más allá de
los viajes en vuelos comerciales,
la frugalidad gastronómica o la
sobriedad en la apariencia per-
sonal, es difícil ubicar un autén-
tico sentido de ética pública en el
discurso de austeridad del nuevo
gobierno. Recortar a diestra y
siniestra para reasignar discrecio-
nalmente fondos a otras priorida-
des o caprichos no es austeridad,
sino una coartada para evadir la
ley y, en particular, para bur-
lar el destino determinado por
la representación popular en el
Presupuesto de Egresos. Es, en
realidad, la ruta de apropiación
del instrumento más relevante
de poder después del monopo-
lio de la fuerza física legítima: la
capacidad material de mover o
retraer al Estado, de vitalizar o
anular la economía, de garanti-
zar derechos o vulnerarlos, de
hacer efectivos los contrapesos o
capturarlos.
El reciente caso del Coneval
desnudó la retórica de la auste-
ridad. Para el Presidente medir
objetivamente la pobreza y eva-
luar la eficacia y la eficiencia de
los programas sociales no es una
función que deba ser financiada
con recursos públicos. No se justi-
fica, sugiere, gastar 443 millones
de pesos si el INEGI o alguna de
sus dependencias pueden hacer
lo mismo pero más barato. ¿Para
qué un edificio, investigadores,
viáticos para estudios de campo,
agua, luz e Internet, si con la en-
cuesta ingreso-gasto del INEGI o
con sus propios datos podemos
conocer la condición socioeconó-
mica de los mexicanos y la nueva
felicidad en la que viven? Me re-
sisto a aceptar que el Presidente
no sabe cuál es el mandato del
Coneval, que no ha reparado en
las implicaciones de su transición
hacia la autonomía constitucio-
nal y, también, que la ofensiva
desplegada en contra del órgano
no está motivada por el riesgo
político que representa que una
institución evalúe los resulta-
dos concretos de su fórmula de
combate a la pobreza. Creo, por
el contrario, que la austeridad ha
sido invocada, de nueva cuenta,
para deshacerse de un incómodo
contrapeso. ¿En cuántos nobles
propósitos podemos invertir
esos 443 millones de pesos que
no sirven más que para advertir
de la duplicidad, regresividad,
ineficiencias, sesgo clientelar o
corrupción en los más de 8,000
programas sociales que despliega
el Estado mexicano? Levante la
mano el que prefiera Dos Bocas,
el Tren Maya, Santa Lucía o la
pensión universal de los adultos
mayores.
La retórica de la austeridad es
el dardo envenenado del des-
mantelamiento institucional.
La mordaza de ignominia para
los que se duelen u oponen a
la forma en la que se asigna el
dinero público. El estigma al ser-
vicio público para colonizar el
aparato del poder. La compuerta
para sustituir beneficiarios por
clientelas. El ayuno forzado que
provoca la debilidad anímica o la
muerte por inanición del com-
plejo entramado de equilibrios
de la democracia constitucional.
La firma en la chequera que re-
cuerda aquella máxima popu-
lar sobre el poder: el que paga,
manda.
CRONOPIO
Roberto
Gil Zuarth
Opine usted:
@rgilzuarth
Abogado
de las comprensiones imperfectas
de orden y magnitud de las perso-
nas con el propósito de capitalizar
políticamente falsas relaciones de
justicia. Desde cualquier expe-
riencia común, no es fácil asimilar
qué significan 5 billones de presu-
puesto público federal. ¿Qué nos