la disminución de aguas circulantes y niveles de
los acuíferos, y de la contaminación difusa oca-
sionados por abonos y fitosanitarios, por citar los
impactos más relevantes, es enorme. El deterioro
causado por la presión agrícola sobre ecosistemas
emblemáticos no es sino una muestra de lo que
ocurre en gran parte del territorio. Pero no solo la
biodiversidad necesita agua limpia en cantidad
suficiente, para los humanos también es vital.
El estudio «La protección de las fuentes de
abastecimiento doméstico del agua en España»,
de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
en colaboración con la Asociación Española
de Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento (AEOPAS), analiza 21 casos de afec-
ciones al abastecimiento por un deterioro debido
a la pérdida de calidad de las aguas o a la dismi-
nución del agua disponible y muestra, en la mayo-
ría de los casos, que el origen de las presiones es
la actividad agraria.
Las soluciones planteadas a estos problemas
no tratan de reducir o mitigar la presión agrícola
que origina el problema, sino que pretenden queempresas privadas o incluso es sujeto a conce-
sión. Grandes empresas privadas que provie-
nen del abastecimiento urbano (como Aguas de
Barcelona), y grandes constructoras (FCC, OHL,
etc.), han desembarcado en este lucrativo nego-
cio que abre un camino en la comercialización y
privatización de las aguas de riego.
Las cuentas del Gran Capitán
y la recuperación de costes
El apoyo al regadío es algo tan incorporado en
el ideario común español que nunca se han pro-
curado estudiar objetivamente y con un mínimo
sentido crítico las repercusiones económicas,
sociales y ambientales de las ayudas, subvencio-
nes e inversiones públicas realizadas.
Sin embargo, hay un incómodo principio de
la Directiva Marco de Aguas, que propugna «una
contribución adecuada» de los usuarios a la «recu-
peración de los costes», incluyendo los ambienta-
les, basada en un análisis económico y siguiendo
el principio de que quien contamina paga, que se
incumple reiteradamente, y muy especialmente
en el caso del agua para riego. Copio el comen-
tario del Observatorio de Políticas del Agua de la
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) que, en
su Valoración de los Planes, lo resume de manera
inmejorable: «La gestión económica de los ser-
vicios del agua continúa siendo opaca y muchos
planes realizan un ejercicio de autocomplacencia
en la estimación de la recuperación de costes,
sobre la base de una insuficiente transparencia y
trazabilidad en los datos, la aplicación de distintas
exenciones apoyadas en débiles argumentos y la
carencia de instrumentos adecuados para deter-
minados costes, como los ambientales».
Como ejemplo reciente y curioso, cabe citar
la orden TED/157/2023, de 21 de febrero, del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, por la que se establece la excepción
temporal y parcial al principio de recuperación de
costes para el aprovechamiento de recursos hídri-
cos procedentes de desalinizadoras de agua de mar
en la Cuenca Hidrográfica del Segura, en la provin-
cia de Almería y en la conducción Júcar-Vinalopó,
con una estimación de plazo hasta el año 2026 y, en
todo caso, en un plazo máximo de 10 años.
Externalización de los
costes ambientales
La repercusión ambiental de la existencia de
cientos de presas y azudes para uso agrícola, de
Embarcadero en el río Arga a su paso por Pamplona.
Foto: Francesc La RocaAmasando la realidad
11