El Mundo - 09.03.2019

EL MUNDO. LUNES 9 DE MARZO DE 2020
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OTRAS VOCES

I. TODAVÍA no se ha logrado un consenso defini-

tivo en torno a la institución del Ministerio Fiscal,

que ha sido calificada en ocasiones como comple-

ja, ambigua e, incluso, artificial. Creada en su día

para la defensa de los intereses del Fisco, y tras

numerosas reformas especialmente a partir de la

codificación, la Fiscalía ha llegado a desempeñar

un relevante papel político en las relaciones entre

el Poder ejecutivo y la Administración de Justicia,

tanto por su naturaleza (medio gubernamental pa-

ra el cumplimiento de las normas, persecución de

los delitos y promoción de la pronta justicia), co-

mo por su organización (unidad de criterio y de-

pendencia jerárquica) y, también, lógicamente, por

sus funciones (aumento de nuevas competencias:

defensa de los más vulnerables, vigilancia de los

procedimientos, de la legalidad, de la independen-

cia de los tribunales, etcétera).

II.- En consecuencia, no sorprende que a causa de

su demostrada eficacia y en coherencia con la men-

cionada tendencia expansionista se haya planteado

la conveniencia de que el Ministerio Fiscal se encar-

gue también de la investigación penal. ¿Quién mejor,

podría preguntarse? De ese modo, se arguye, además

de dedicarse el juez en exclusividad a su tarea enjui-

ciadora, se pondría término a la anómala situación ac-

tual en la que el órgano instructor de la justicia de

menores no es el mismo que el de adultos.

Es este un debate –todavía no superado– dentro de

la doctrina procesalista española, sobre todo a partir

de la década de los 80 del siglo pasado cuando algu-

nos autores expusieron la necesidad de atribuir al fis-

cal esa etapa del proceso penal, en sustitución del

juez instructor. No se hizo esperar el apoyo oficial,

con diversas iniciativas de reforma; sin ánimo ex-

haustivo, aunque con

carácter significativo: el

Anteproyecto de Ley de

Enjuiciamiento Criminal

(2011, PSOE), el Borra-

dor de Anteproyecto de

Código Procesal Penal

(2013, PP) y el Borrador

de Anteproyecto de Re-

glamento del Ministerio Fiscal (2019, PSOE).

Coincidentemente, en el ámbito internacional se

ha ido extendiendo la implantación del sistema acu-

satorio en el proceso penal, con un claro protagonis-

mo del fiscal, adaptando muchos países su ordena-

miento jurídico a las nuevas ideas. Sin embargo, esa

corriente reformadora, a la que no resulta ajena la

influencia de determinadas potencias mundiales

(que, en cierto modo, recuerda épocas superadas),

no ha producido el anunciado beneficio de poner fin

a los males de la justicia penal, por lo que la contro-

versia todavía continúa abierta.

Al respecto, pensamos que la atribución de la inves-

tigación penal al fiscal español (también, al de otras na-

ciones) produciría un profundo cambio en su mecanis-

mo procesal. ¿Cómo poner al frente de aquélla a quien

funciona conforme a unos criterios de unidad de crite-

rio y de dependencia jerárquica? Ello explica que no

falten quiénes, sin oponerse a la investigación penal

por parte del fiscal, sí destacan que su carácter jerár-

quico plantea dudas sobre la debida independencia. En

esa posición nos situamos, estimando que dicho encar-

go no es razonable sin la previa independencia del Mi-

nisterio Fiscal, tanto externa (de todo poder estatal y

organismo público o privado) como interna (de cual-

quier superior dentro de la carrera fiscal). Difícilmen-

te podrán los miembros del Ministerio Fiscal desarro-

llar eficazmente su tarea si no se encuentran respalda-

dos por una independencia solo sometida a la ley.

Además, al valorar la oportunidad de la innovación

no debemos soslayar aspectos que exigen un acuerdo

previo y deben resultar armónicos entre sí. De este mo-

do, la concepción de la instrucción como preparación

del enjuiciamiento, la búsqueda de la verdad real en el

proceso, el ejercicio de la acción por la víctima e, inclu-

so, por la acusación popular (sin monopolio por parte

del fiscal), así como la consideración de que la política

criminal corresponde al gobierno (en sus labores de

prevención y de represión del delito, pero no en la per-

secución), son cuestiones de vital importancia de cara

a un nuevo diseño de la justicia penal.

III.- En más de una

ocasión hemos afirmado

que negar la actual es-

tructura jerárquica de

nuestro Ministerio Fiscal

es, cuanto menos, una

muestra de ingenuidad.

En su organización in-

terna (también, en la ac-

tuación cotidiana), el fis-

cal está configurado co-

mo un funcionario

carente de independen-

cia, aunque sometido a

los principios de legali-

dad e imparcialidad.

Una excepción la

constituyó, durante la

Segunda República Es-

pañola, la Asamblea Ju-

dicial y Fiscal celebrada

en Madrid en junio de

1931, en la que se apro-

baron unas Bases que

contrastaban con el tra-

dicional trato recibido

hasta entonces por el

Ministerio Fiscal. Se le

calificó como parte inte-

grante del Poder Judicial

y se abogó por su plena

independencia (Base

Quinta). A mayor abun-

damiento, el mismo año

la nueva Constitución

proclamó que el Minis-

terio Fiscal «...tendrá las

mismas garantías de independencia que la Administra-

ción de Justicia» (artículo 104), entendiendo por ésta el

conjunto de todas las jurisdicciones existentes (artícu-

lo 95), de lo que se deduce que el fiscal debía gozar de

la misma independencia que el juez en su función, so-

lo sometido a la ley (artículo 94). Nada se dijo sobre

unidad de criterio ni carácter jerárquico.

En tiempos más recientes, con escasas excepciones,

tanto la doctrina (especialmente, la posterior a la Cons-

titución de 1978, no así los autores anteriores), como di-

versos trabajos preparatorios de nuevos textos legales,

han mantenido una posición inalterable en favor de la

dependencia de los miembros de la carrera fiscal.

Sin embargo, estimamos que para que el Ministe-

rio Fiscal realice su función con la exigida imparcia-

lidad debe dotarse de previa independencia a sus

miembros. Nada de directrices impartidas durante la

sustanciación de un proceso en orden a sostener una

acción o en relación con la pena a solicitar. Hablamos

de independencia, no de una incomprensible autono-

mía funcional. No caben términos medios; hay inde-

pendencia plena o no la hay.

IV. AHORA BIEN, de reconocerse legalmente la inde-

pendencia del Ministerio Fiscal, ello repercutiría en su

incardinación en la organización estatal.

Admitida la democrática división de poderes, en teo-

ría caben tres posibilidades de articulación del Minis-

terio Público. Descartada por obvia la vinculación con

el Poder legislativo (posición doctrinal minoritaria,

pues este debe limitarse al debate y aprobación de los

textos legales), así como la subordinación al Poder eje-

cutivo (pese a ser defendida por ilustres autores, recha-

zamos cualquier injerencia del Gobierno en la Justicia),

solo nos queda una opción razonable: la inclusión del

fiscal en el independiente Poder judicial, junto con el

juez y el fedatario judicial, elementos fundamentales

de la Administración de Justicia.

Como hemos afirmado en otro lugar (Hacia un nue-

vo fiscal en la justicia penal, Sevilla, 2019), propone-

mos concentrar en el mismo poder a los principales

funcionarios que intervienen en la Administración de

Justicia, sin distingos, de forma que aquél no se cir-

cunscriba exclusivamente a los encargados del enjui-

ciamiento. Aunque con distintas funciones, todos ellos

representan la esencia de los juzgados y tribunales.

V.- La admisión de dicha propuesta exigiría reformar

escuetamente la Constitución, así como más en profun-

didad el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la

Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero en ningún caso

crear un poder nuevo.

Resultaría descabellado permanecer aferrados a vie-

jas fórmulas que no son válidas para el momento pre-

sente; sería pecar de excesivo conservadurismo, in-

compatible con un espíritu científico libre. Obviamen-

te, tampoco se nos oculta, dada la importancia de lo

que está en juego, que hay que meditar la dirección de

los pasos a dar, para comprobar que son armónicos en-

tre sí y coherentes con el Estado de derecho.

José Martín Ostos es catedrático de Derecho Procesal.

Ha publicado Hacia un nuevo fiscal en la justicia penal

(Editorial Astigi).

Para que el Ministerio Fiscal

actúe con imparcialidad

debe dotarse de previa

independencia a sus miembros

LPO

El autor defiende

que lo razonable sería la inclusión del

fiscal en el independiente Poder

judicial, junto con el juez y el fedatario

judicial, elementos fundamentales

de la Administración de Justicia.

TRIBUNA iDERECHO

Por una

Fiscalía

independiente

JOSÉ MARTÍN OSTOS