La guerra del petcoke
Así tituló la prensa al conflicto político que, a principios del gobierno de Ricardo Lagos, vivió la Concertación entre las dos
almas que habitaban a su interior. Todo a raíz de que en mayo del 2000 la Corema de la Región de Antofagasta autorizó a
termoeléctricas del sector a usar petcoke como combustible.
El petcoke es el residuo que resulta de la refinación de petróleo y se mezcla con carbón. Una escoria que los países desarro-
llados venden a 1 dólar la tonelada como estrategia para deshacerse de un residuo tóxico que es más barato pero altamente
dañino para los seres humanos. Presentamos un recurso de reclamación exigiendo un nuevo estudio de la Corema, y otro
de protección en la Corte de Antofagasta contra el intendente que presidió la reunión en que se aprobó el uso del petcoke.
También anunciamos una acusación constitucional contra los integrantes del Consejo de Ministros en caso de aprobar que se
utilizara ese veneno.
Buena parte del Gobierno, encabezado por el triministro Jorge Rodríguez Grossi, defendía el uso del petcoke con argumen-
tos como “Chile necesita todos los combustibles, especialmente los más baratos” y bajo la filosofía de que “la naturaleza está
al servicio del hombre y no al revés”. Finalmente fue el Ministerio de Salud, encabezado por Michelle Bachelet, quien evaluó y
rechazó el uso de ese residuo tóxico como combustible.
Salmonicultura, una actividad contaminante
En Chile la salmonicultura tuvo un acelerado desarrollo en la década de los 80 por la introducción del salmón del Atlántico y el
impulso económico de la Fundación Chile. El 96, ya como parlamentario ecologista, denunciamos que ese crecimiento
inorgánico, y sin fiscalización adecuada, tendría serias consecuencias medioambientales.
El 2000 interpuse una querella contra la Salmonera Pacific Star por ensanchar el río Natri (Chiloé) y alterar los equilibrios
ecológicos. Y el 2010 hice una presentación a la Contraloría General de la República en contra de la norma en la ley de pesca
que permitía hipotecar las concesiones acuícolas, lo que era una suerte de expropiación para favorecer a grupos económicos.
Y tal como habíamos alertado la degradación de los suelos marinos produjo el virus ISA en 2007 y en 2016, en la Región de Los
Lagos, murieron más de 90 mil toneladas de salmones por el florecimiento de un alga que se hizo resistente a los antibióticos
por su uso indiscriminado. También nos opusimos, tenazmente, a que las salmoneras se expandieran a Magallanes y se insta-
laran en medio de la Reserva Mundial de la Biosfera Cabo de Hornos.
Por eso presentamos dos proyectos de ley que modifican la Ley General de Pesca y Acuicultura, estableciendo normas
ambientales para la acuicultura (Boletín 12605-21) y para la adaptación al cambio climático (Boletín 12634-12).
En estos se prohíbe la instalación de proyectos en áreas de protección ambiental y en territorio ancestral de pueblos
originarios; se exige el cumplimiento de la normativa sanitaria; aumenta las sanciones por incumplimiento e impide que los
reincidentes soliciten nuevas concesiones; obliga a la limpieza de sedimentos y a entregar información sobre la calidad de las
aguas y estudios bacteriológicos y de antibióticos en las zonas de cultivo y decreta una moratoria para la entrega de
concesiones en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.