Expansión - 10.09.2019

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Martes 10 de septiembre de 2019 i Expansión i JURÍDICO 11

Fernando Ramos es un conocido
abogado especializado en derecho
digital que fundó el despacho
DPO&ItLaw. La irrupción del ‘blockchain’
y las criptomonedas encontró a la firma
perfectamente situada para dar un salto
cualitativo y especializarse en el


asesoramiento en esta tecnología,
en la representación digital de activos
y en contratos inteligentes.
“La especialización requería un
conocimiento tecnológico de los
procesos de encriptación y uso de las
monedas virtuales, que son claves en
todo el proceso de uso de la
tecnología ‘blockchain’ que
teníamos”, indica Ramos.
En 2014, BIT2ME.com, una
pequeña empresa pionera
en permitir el cambio
de bitcoins a euros a través
de los cajeros automáticos
tradicionales, les solicitó
el asesoramiento jurídico
para adecuar su empresa
de forma voluntaria a la
normativa de prevención
de blanqueo de capitales.
A partir de ahí comenzaron

a asesorar a otras empresas del sector
que requerían la emisión de monedas
virtuales para su financiación o para la
presentación digital de activos, lo que les
ha posicionado como un despacho de
referencia en este tipo de operaciones.
“Nuestra actividad está muy marcada
por la normativa de prevención de
blanqueo de capitales y la adecuación
al reglamento general de protección
de datos. Son normas necesarias
en cualquier plataforma o negocio que
emita activos digitales o criptoactivos”,
asegura el letrado. Generalmente,
DPO&ItLaw trabaja con ‘start up’
o empresas emprendedoras de reciente
creación que están en plenas rondas
de financiación presemilla o semilla,
pero, según señala Ramos, “poco a poco
vamos acogiendo empresas
tecnológicas con rondas de financiación
de crecimiento tipo A-B”.

‘Blockchain’ y contratos inteligentes


El asesoramiento especializado en
drones crece en España a partir de la
prohibición general de operar estas
aeronaves, publicada en 2014 por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la
autoridad reguladora que autoriza sus
actividades. Una máquina voladora
utilizada inicialmente con fines militares
se ha convertido en una afición para
muchos y va camino de establecerse
como medio de transporte en un futuro
no muy lejano. El despacho Díez
& Romeo Abogados identificó entonces
la oportunidad de negocio y comenzó a
especializarse en resolver las sanciones
que imponían a los operadores y a sus
nuevos clientes. El crecimiento en el
sector es exponencial, tal y como augura


Jaime Rodríguez Díez,
socio del despacho.
“El desarrollo futuro
de la industria de los
drones va a ser enorme,
puesto que todavía sólo
estamos viendo los inicios
del despegue del sector.
La realidad más inmediata
será conseguir que
el transporte con drones
se efectúe de manera
generalizada y
acostumbrarnos a que esté presente en
nuestras vidas y sobrevuelen nuestras
cabezas”, apuntan desde el despacho.
En la actualidad, la facturación de este
tipo de asuntos representa un 20% del

total de la firma, pero se incrementa año
a año. Acuden a ella desde grandes
compañías que cuentan con un
departamento de drones, hasta
pequeños empresarios y pymes.

Drones en nuestra vida cotidiana


El bufete Suárez-Valdés es un despacho
multidisciplinar con especialistas en todas
las ramas del derecho, pero su principal
característica es la especialización en
resolver y llevar asuntos relacionados con
el derecho militar y todo lo relacionado
con la Policía, el Ejército y la Guardia Civil.
En estos años, ha estado al frente de casos
mediáticos como el de la capitán de las


Fuerzas Armadas Zaida Cantera, que
denunció por acoso sexual a un coronel;
o la defensa de miembros de la Unidad
de Intervención de la Policía investigados
por los incidentes en Barcelona del 1 de
octubre. El despacho cuenta con 25 años
de “trabajo duro y desde cero para
asesorar apropiadamente a los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado”, asegura

el socio Antonio Suárez-Valdés.
Desarrollan su actividad en todo el
territorio nacional y durante estos años
se han especializado en cuestiones
tan específicas del colectivo como
el procedimiento disciplinario militar,
las misiones internacionales, ascensos
o expedientes de renovación
de compromiso.

Asesor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado


 SLJ Abogados refuerza derecho público
Antonio Benítez acaba de
aterrizar en SLJ Abogados,
despacho especializado en
litigación compleja, para
reforzar su departamento de
derecho público y regulatorio.
La nueva incorporación del
bufete dirigido por Daniel
Jiménez, que llega en calidad
de ‘counsel’, ha desarrollado su carrera profesional en
despachos de la talla de Andersen Tax & Legal o Martínez-
Echevarría, tanto en las oficinas de Madrid como en las de
Córdoba, donde llegó a ser responsable del área de
contencioso-administrativo.

 Alianza de Equipo Económico en Colombia
Equipo Económico ha cerrado una alianza estratégica con la
empresa colombiana Silk Banca de Inversión, cuyo principal
objetivo es atraer y canalizar las inversiones de empresas
interesadas en crecer en Colombia y en España. Se trata
de establecer un puente de dos direcciones en el
asesoramiento de empresas,

 Tres nuevos socios en Roca Junyent
Roca Junyent ha hecho una apuesta por el talento interno
con tres promociones. Así, Sergi Chimenos, socio del área
de derecho público, ha pasado a ser socio de cuota,
mientras que los asociados sénior Javier Vázquez
(propiedad intelectual e industrial) y Rosa Rodríguez
(laboral) han sido promocionados a socios.

MEMORIA 2018


La Fiscalía destaca


el aumento del 23,2%


de los delitos sexuales


Expansión. Madrid
La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) está muy atenta al
incremento de los delitos
contra la libertad e indemni-
dad sexual durante el año
2018, cuyas cifras son “espe-
cialmente preocupantes”, tal
y como se recoge en su me-
moria anual presentada ayer.
El informe refleja el au-
mento de los procedimientos
iniciados por delitos sexuales
el año pasado, cuando alcan-
zaron los 18.986, lo que supo-
ne un incremento del 23,2%
con respecto a 2017. Concre-
tamente, las agresiones se-
xuales aumentaron un 23,7%
(6.119 procedimientos en
2018 frente a 4.943 en 2017);
los abusos sexuales, un 30,7%
(6.425 en 2018 frente a 4.914
en 2017); y las violaciones, un
9,5% (276 procedimientos en
2018 frente a 252).
Asimismo, este tipo de deli-
tos fueron los que dieron lu-
gar a un mayor número de es-
critos de calificación en el
procedimiento de sumario:
un total de 1.345, de los que
404 fueron por agresiones se-
xuales, 107 por violaciones y
338 por abusos sexuales. En

términos absolutos, estos de-
litos suponen el 1% del total
de diligencias previas incoa-
das, destaca Europa Press.
“Detrás de esas cifras, hay
víctimas que han sufrido un
extraordinario impacto por
estos hechos, que se ve agra-
vado en aquellos supuestos en
los que la Administración de
Justicia no ofrece la respuesta
esperada”, señala el Ministe-
rio Público en la memoria
anual, en la que cita el conoci-
do y polémico caso de la Ma-
nada de los Sanfermines de
2016.

María José Segarra, fiscal general del
Estado.
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