Chiapas. Su población y sus instituciones.Romeo Ruiz Mandujano

(Juan Alberto Ruiz BermúdezrTAPug) #1

publicadas por dependenciasespecializadas como el INEGI
o CONAPO, las cuales son agregados generales que no
expresan lo que realmente vive la población en los territorios
y por lo tanto no es posible dimensionar las problemáticas,
sus manifestaciones y las formas específicas como afectan
los territorios de las diferentes regiones; por lo tanto no se
pueden diseñar estrategias para incidir en problemáticas
más particulares, lo que se elabora son propuestas estándar
propicias para atacar problemas generalizados.
Respecto a la evaluación en la administración de
Gobierno del Estado, consiste en la aplicación de un modelo
que se basa en instrumentos con los que recaban información
sobre indicadores que ilustran el proceso de ejecución de los
programas. Dicha evaluación permite saber dónde, cuándo,
quienes participaron, cuántos se beneficiaron y quienes
llevaron a cabo los proyectos: así mismo ofrece testimonios
de que se realizaron las actividades y comprobantes de que
los beneficiarios estuvieron presentes o de que recibieron
apoyos en bienes y servicios.
Es decir la evaluación que aquí se maneja permite
corroborar que los beneficios llegan a la población, pero
ya no se evalúa el impacto que hubo enla vida de los
beneficiarios como consecuencia de haber participado en
eventos de capacitación-formación o de recibir algún tipo
de apoyo. Dicho deotro modo, no se realiza la evaluación de
impacto para saber si se alcanzaron efectos positivos en la
vida de la gente o si el proyecto provocó efectos colaterales
negativos no esperados.
En síntesis el modelo de planeación con enfoque
sectorial plasmado en las leyes desde hace 20 o 30 años, no
permite abordar los problemas reales desde los territorios,
además el gobernante en turno lo aplica de manera mecánica
y como compromiso para cumplir con la disposición legal:
por lo tanto el enfoque de la política pública se vuelve

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