Expansion - 03.04.2020

(Axel Boer) #1

ECONOMÍA / POLÍTICA


28 ExpansiónViernes 3 abril 2020

A


estas alturas de la pandemia,
la más grave en un siglo, es
indiscutible que el Estado,
por culpa de un Gobierno a todas lu-
ces incompetente, ha fallado estrepi-
tosamente en dos de sus funciones
principales: garantizar la salud pú-
blica y asegurar los medios que nece-
site el sistema sanitario para su ade-
cuado funcionamiento.
La actuación claramente dolosa
de Sánchez y sus ministros, ignoran-
do deliberadamente las advertencias
de los expertos sanitarios y los orga-
nismos multilaterales, la juzgará el
Tribunal Supremo, donde ya están
llegando las primeras demandas

contra el Ejecutivo. Pero mientras
dure el confinamiento, los españoles
que debemos quedarnos en nuestras
casas tenemos dos misiones funda-
mentales. La primera, mostrar pú-
blicamente nuestro agradecimiento
infinito a quienes están en primera
línea de la batalla contra el virus (sa-
nitarios, fuerzas de seguridad, trans-
portistas, etc.), a quienes mantienen
su actividad para garantizar los su-
ministros básicos a toda la población
(agricultores, ganaderos, fabricantes
de material sanitario y empresas de
servicios como la luz, el gas, el agua o
las telecomunicaciones) y a los que
están contribuyendo a la lucha con-
tra la enfermedad, sea adaptando sus
líneas de producción a los productos
sanitarios que escasean, realizando
generosas donaciones o presentán-
dose voluntarios para cualquiera de
las tareas que ahora son fundamen-

tales. Y la segunda, más importante
de cara al futuro, es planificar cómo
vamos a defendernos frente a futu-
ros virus tan letales o más que el mal-
dito Covid-19.
La promesa de que el Estado nos
defendería de toda amenaza exte-
rior se ha probado falsa. El Gobierno
y las comunidades autónomas han
mostrado una incapacidad manifies-
ta para anticiparse a la situación, pre-
ver las necesidades de material sani-
tario y garantizar el abastecimiento
de emergencia a hospitales y servi-
cios sanitarios. En contraste, muchas
grandes empresas españolas han si-
do capaces de organizar más rápido
y de forma más eficaz envíos de ma-
terial desde distintos puntos del
mundo hacia nuestro país para con-
tribuir de forma altruista a la lucha
contra la pandemia. También de ma-
nera desinteresada la Iglesia Católi-

ca ha puesto a disposición sus edifi-
cios, sus medios y a muchos de sus
miembros para atender médica y es-
piritualmente a los afectados por el
coronavirus y sus familias. Otras or-
ganizaciones privadas se han volca-
do en organizar la ayuda a los más
vulnerables y desprotegidos en estas
circunstancias extremas, y se cuen-
tan por miles las iniciativas indivi-
duales surgidas de la sociedad civil
para contribuir a la causa común en
un momento crítico para España.
Frente a la inoperancia manifiesta
de un Estado ineficaz por la multipli-
cación de estructuras y las duplicida-
des entre ellas, y en especial del Go-
bierno de socialistas y comunistas
bolivarianos que se sitúa en su cúspi-
de, la sociedad civil española ha vuel-
to a dar muestras de su solidez y vita-
lidad. A pesar de ello, desde el propio
Ejecutivo, los partidos que lo apoyan

y sus terminales mediáticas tratan de
aprovechar la tragedia y el dolor pro-
vocados por la pandemia para dise-
minar la falacia de que lo sucedido
demuestra la necesidad de un mayor
control del Estado sobre la actividad
económica, y en concreto de la Sani-
dad, o achacar a supuestos recortes
presupuestarios el posible colapso
del sistema sanitario en esta emer-
gencia. Frente a intentos tan burdos
de manipular a la ciudadanía, emer-
ge la ejemplar respuesta de la socie-
dad civil española como prueba irre-
futable de que contra la amenaza
pandémica, y también ante el riesgo
intervencionista y antiliberal de bue-
na parte de la clase política, más nos
vale confiar en la iniciativa privada y
en la voluntad colectiva que aglutina
las individuales como vía de salva-
ción que en un Estado omnímodo.

Más sociedad civil frente al virus y el Gobierno


RADAR MÓVIL

Ricardo T.
Lucas

Jefe de Opinión de EXPANSIÓN

Que no se asuste el vicepresidente. Si
mañana llegara a la presidencia del
Gobierno de España un cafre, Dios
no lo quiera, que se empeñase en ex-
propiar la bonita casa familiar de Pa-
blo Iglesias en Galapagar apelando al
artículo 128 de la Carta Magna, la
propia Constitución se lo impediría.
Afortunadamente esas arbitrarieda-
des sólo son posibles en regímenes
totalitarios que distan bastante del
modelo de sociedad que desde hace
más de 40 años disfruta España. Por
mucho que el vicepresidente del Go-
bierno, Pablo Iglesias, se empeñe; el
artículo 128 de la Constitución, ese
que dice que “toda la riqueza del país
en sus distintas formas y sea cual fue-
re su titularidad está subordinada al
interés general”, no es una patente de
corso para que el Ejecutivo pueda na-
cionalizar empresas, ni siquiera aun-
que esté declarado el Estado de alar-
ma. El artículo 128 no tiene nada que
ver con el ¡exprópiese! con el que
Hugo Chávez primero, y Nicolás
Maduro después, también en nom-
bre del interés general, fundieron la
economía de Venezuela hasta dejar a
millones de ciudadanos en la más ab-
soluta miseria y desamparo. En una
sociedad democrática avanzada co-
mo la española y en una Constitución
que consolida una economía de mer-
cado, el artículo 128 da capacidad a
las Cortes, no al Gobierno, para regu-
lar sectores de la actividad en situa-
ciones extremas. Pero siempre res-
petando los procedimientos y dere-
chos fundamentales de los propieta-
rios, recogidos en otros artículos. El
artículo 33 de la propia Carta Magna,
donde se recoge el derecho a la pro-

piedad privada, que no puede ser vul-
nerada. Si hubiera que expropiar de-
bería ser por causa justificada y el Es-
tado debería indemnizar al propieta-
rio. En ningún caso el artículo 128, co-
mo está insinuando irresponsable-
mente el vicepresidente, sirve para
cambiar las bases del sistema e ins-
taurar una economía planificada
aprovechando el río revuelto. Pablo
Iglesias, para hacerse acreedor del tí-
tulo de adalid del interés general,
suele repetir una y otra vez, como si
fuera un eslogan, que él defiende los
intereses de la gente, ignorando que
detrás de cada empresa, de cada ban-
co o de cada sector de actividad en es-
te país lo que hay es gente. Accionis-
tas, inversores, trabajadores, provee-
dores y otros muchos cuya propie-
dad está protegida como derecho
fundamental en el citado artículo 33
de la Constitución y en el artículo 38,
en el que se reconoce la libertad de
empresa, cuyo ejercicio debe ser pro-
tegido por los poderes públicos como
recoge la propia Carta Magna. El
“exprópiese” con el que sueña el vi-
cepresidente, conjuga más con una
comedia histriónica de Sacha Baron
Cohen, que con el relato propio de
una democracia avanzada como la
española.
Cualquier intervención como las
que avanza el vicepresidente estaría
convenientemente fiscalizada en va-
rios frentes. En primer lugar tendría
que plasmarse en una ley que reque-
riría la aprobación de las Cortes. Y lo
cierto en estos momentos es que un
líder con 35 diputados tiene poco
que hacer. Nadie cree que el PSOE
pueda apoyar esa deriva, sobre todo
cuando alguno de los grupos que da
apoyo al Gobierno como el PNV ha
tomado distancia a raíz del descala-
bro que va a provocar en la economía

vasca la mala gestión de la crisis lle-
vada a cabo por el Ejecutivo. Aun así
son muchos los que afirman que las
salidas de tono de Iglesias dañan la
credibilidad de España ante los
agentes internacionales que van a te-
ner capacidad de decisión sobre el
futuro de este país y que no distin-
guen bien si el vicepresidente se está
dirigiendo a sus acólitos o si es un
portavoz autorizado de este Gobier-
no. La fiscalización de Europa es
también importante. El propio Igle-
sias ya tuvo que renunciar hace me-
ses a meter sus manos en Bankia,

cuando las autoridades europeas le
recordaron que eso no estaba a su al-
cance. La pretensión del vicepresi-
dente Iglesias de ganar protagonis-
mo para que su grupo no quede di-
luido en el Gobierno no supera, de
momento, la puesta en escena, aun-
que muchos juristas empiezan a pre-
guntarse si hay algo más detrás de la
actuación. Se empieza a temer que el
Gobierno pueda estar utilizando el
estado de alarma como cortina de
humo para erosionar otros derechos
básicos como la libertad de informa-
ción o de movimiento de las perso-

nas. “Es fundamental estar alerta.
Que las Cortes estén en su sitio”, di-
cen algunas fuentes.
En lo económico, la vicepresiden-
ta Nadia Calviño se ha encargado de
matizar el afán intervencionista de
Podemos en los decretos para que,
de momento, no salten las alarmas.
La letra pequeña de los textos, aun-
que bastante caóticos, está siendo re-
lativamente garantista con los prin-
cipios de una economía de mercado,
incluidos los derechos de los propie-
tarios. Algo que, a medida que avan-
ce la crisis, provocará un inevitable
choque en el seno del Ejecutivo. Pe-
ro no habrá nacionalizaciones por-
que el canario en la mina que repre-
senta Calviño sigue piando.
Durante la Gran Depresión ame-
ricana, Stalin vislumbró la posibili-
dad de superar a Estados Unidos.
Construyó y difundió por toda la
Unión Soviética el eslógan Dogonim
y Peregonim Ameriku (alcanzare-
mos y superaremos a Estados Uni-
dos). Hizo que todas las máquinas de
las fábricas del país inscribiesen las
siglas DIP para que los obreros tu-
vieran presente aquel objetivo. Ni si-
quiera en aquel momento lo consi-
guió. Para producir más no servía la
voluntad de un hombre, aunque es-
tuviese borracho de autoestima. Era
la libertad y la iniciativa de todos y
cada uno las que obraban el milagro.
Cuando la Unión Soviética se desin-
tegró en 1989, Estados Unidos acu-
dió al rescate. Algún vicepresidente
se perdió esa parte de la historia y
amenaza con repetir los errores.

LA GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN/ EL ARTÍCULO 128 DE LA CARTA MAGNA QUE ESGRIME IGLESIAS PARA INSINUAR LA EXPROPIACIÓN DE SECTORES NO ES
UNA PATENTE DE CORSO DEL GOBIERNO, AUNQUE HAYA ESTADO DE ALARMA. LA LEY FUNDAMENTAL GARANTIZA LA PROPIEDAD Y LA ECONOMÍA DE MERCADO.

Exprópiese la finca de Galapagar


ANÁLISIS por Iñaki Garay

Bernardo Díaz

La Carta Magna no tiene
los mecanismos de
intervención con los que
sueña el vicepresidente

Pablo Iglesias insinúa una y otra vez que se nacionalizarán sectores económicos.
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