A C T U A
L I D A D
E C O N Ó
M I C A17
APROVE-
CHANDO LAS
DIFICUL-
TADES
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CAPITAL SE
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30% DE SU
CAPITAL,
PERO PARA
‘EL PAÍS’ NO
ES UN FONDO
BUITRE;
ES UN
ACCIONISTA
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A C T U A
L I D A D
E C O N Ó
M I C A17
l 17 de julio pasado, el
Tribunal de Cuentas
(refugio de políticos,
muestrario de “endogamia y
enchufismo”) realizó un acto
encomiástico al revocar su senten-
cia del 28 diciembre de 2018 por la
que condenaba, entre otros, a la
exalcaldesa Ana Botella y seis altos
cargos de su Gobierno como
responsables de un quebranto
culpable al patrimonio municipal,
al pago solidario de 22.711.518
euros de principal más los intere-
ses a que hubiere lugar.
La inicua sentencia condenatoria
había sido dictada por Antonia
Lozano, consejera de cuentas a propuesta de IU y vieja amiga y correli-
gionaria de la entonces alcaldesa Manuela Carmena, que estimó que la
venta en junio de 2013 de 18 promociones de vivienda pública por parte
de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) con la aprobación
de los acusados al fondo de inversión Fidere, filial de BlackRock, por 128
millones de euros, un importe inferior a su valor contable, había causa-
do un ”daño real” al patrimonio de la EMVS y, por ende, a la hacienda
municipal. Una operación de la que la alcaldesa y sus colaboradores
eran culpables por haber eludido trámites preceptivos de publicidad y
competencia.
La resolución revocatoria critica en la sentencia tanto la aplicación
inapropiada de la normativa relevante como la torpe interpretación de la
evidencia. Cinco empresas pujaron por los activos de la EMVS y el precio
resultante coincidió con el estimado por un evaluador externo. Natural-
mente, ese precio, en plena crisis del euro, era bajo comparado con los de
la burbuja de 2008 o con los del año pasado, lo cual animó al diario del
Conde a titular mendazmente: “Botella da un pelotazo de 1.000 millones”.
Si el negocio hubiera estado tan claro, ¿por qué Goldman no se atrevió a
pujar? La noticia en medios prisaicos y afines se expresó en términos
como “la mujer de Aznar malvendió vivienda pública a fondos buitre”.
Que la acusación de malversación quedaría en nada era previsible
desde hacía tiempo. La liquidación de activos de la EMVS venía impuesta
por una resolución de la Intervención General del Estado, conocida por
todos. Igualmente contundente fue la posición del Ministerio Fiscal que
instó desde el principio el archivo del asunto. Y un detalle pintoresco
sumamente revelador de los personajes de la comedia: una mágicamente
creada Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas
Públicas de la EMVS, personada inicialmente en el procedimiento, optó
por el desistimiento.
Pero una cosa es el resultado final de un proceso, que en todo caso ha
representado un calvario para los injustamente acusados, y
otra muy distinta el eco mediático del procedimiento en
plena campaña de elecciones municipales. Ante la oportu-
nidad de un buen escándalo, ¿por qué el periodismo
amarillo iba a molestarse en investigar la verdad? Ya se
sabe: es la corrupción del PP. Y los voceros de la izquier-
da se han ido calentando en su afán de dramatizar el
daño económico infringido por la derechona a la
EMVS: 30 millones, 50 millones, 100 millones, hasta
120 millones de euros y el pelotazo de 1.000 millones de
La Vanguardia.
Además de licencias aritméticas, licencias de
lenguaje. Amber Capital, Fidere y Melquart, entre
otros, son fondos de estilo de gestión oportunis-
ta, dispuestos a comprar, llegado el caso, empre-
sas en dificultades (a precios atractivos, natu-
ralmente). Según el Manual de Estilo de El País
son entidades de naturaleza muy diferente.
Como Fidere, cuando el PP gobernaba,
compró unos inmuebles a la EMVS, enton-
ces en dificultades, tiene que ser un fondo
buitre. Aprovechando las dificultades de
Prisa, Amber Capital ha ido adquiriendo
acciones hasta ser titular en la actualidad
de casi el 30% del capital de la empresa
mediática. Pero no es un fondo buitre;
para El País, es un accionista
de referencia.
E
Políticamente incorrectoError
reparado
Por Alfonso
Carbajoace unas semanas
se publicó el infor-
me del Banco de
España sobre el estado de la
economía nacional corres-
pondiente al segundo
trimestre del año. Uno de
los datos más llamativos del
citado estudio es el incre-
mento de los tipos hipoteca-
rios en 30 puntos básicos. Y
digo llamativos, pero no
sorprendentes, porque este
aumento en el coste de las
hipotecas no es más que la
consecuencia lógica y
anunciada por el desbara-
juste producido por los
pronunciamientos judicia-
les en la materia en los
últimos años y por la
aprobación de la interven-
cionista nueva Ley de
Crédito Hipotecario, pro-
mulgada el 15 de marzo y en
vigor desde el pasado 14 de
junio.
Ese aumento de 30 puntos
básicos viene a suponer la
friolera de 211 euros anua-
les para un crédito medio de
125.000 euros, lo que nos
llevaría a tener que pagar
6.330 euros más en intere-
ses para una hipoteca a 30
años.
La mencionada nueva ley
limita la capacidad de las
partes para llegar a acuer-
dos y les impone cláusulas
obligatorias, de modo que
son las entidades financie-
ras quienes tienen que
cargar con los costes de
contratación de la hipoteca
(notaría, registro, gestoría e
impuesto de actos jurídicos
documentados). Además, se
impide la vinculación del
crédito a otros servicios
(habitualmente seguros o
planes de pensiones) y se
prohíben las cláusulas
suelo y las comisiones por
subrogación de hipoteca,
aunque el legislador, teme-
roso de la libre competencia
entre entidades, fija una
compensación en favor de la
entidad que pierde el
crédito y que ha de abonar
el banco subrogante.
Algunos, en sus ilusas
ensoñaciones, pensaban
que todos estos costes de
constitución de las hipote-
cas iban a ser asumidos por
las entidades financieras
sin más consecuencias, que
iban a ser los malotes de
los bancos los que acaba-
rían por salir perdiendo.
Pero lo cierto es que todos,
salvo aquellos incapaces de
ver más allá de sus prejui-
cios ideológicos, ya sabía-
mos —y así lo anuncia-
mos— que los bancos
acabarían por repercutir
estos costes a los clientes, a
los consumidores.
Todas estas felices ocu-
rrencias de socialistas e
intervencionistas acaban
siempre igual: cargan las
culpas a los bancos, las
multinacionales, las eléctri-
cas y demás villanos del
imaginario progre; calien-
tan la cabeza al personal,
prometen nuevas regulacio-
nes y leyes para acabar con
los “abusos y los excesos
del mercado” y, al final,
quienes acaban por pagar
el pato son los de siempre:
aquellos a quienes supues-
tamente pretenden prote-
ger. Ha pasado con la nueva
Ley de Crédito Hipotecario
y pasará también con el
impuesto a Netflix y HBO
para sostener el agujero
negro y ponzoñoso de
RTVE; pasará con la tasa
Google, con las normas de
fijación de precios máximos
al alquiler y con cuales-
quiera otras que traten de
restringir la capacidad de
las partes para llegar a
acuerdos libremente adop-
tados. No son las leyes, ni
mucho menos los excesos
regulatorios, los que prote-
gen al consumidor, sino la
existencia de un verdadero
mercado abierto y competi-
tivo y de un sistema judicial
ágil que permita la rápida
resolución de las diferen-
cias entre las partes. No
hay mejor ley que la que
las partes se dan a sí
mismas en forma de
contrato.
H
Por Javier Jové
Sandoval
El debate fiscal
Populis-
mo hipo-
tecario
Ana
Botella,
absuelta.