(^38) EL FINANCIERO Martes 30 de Julio de 2019 NACIONAL POLÍTICA Y SOCIEDAD
L
a investigación realizada
por la Fiscalía General de la
República en contra de Ro-
sario Robles, durante su gestión
como secretaria de Desarrollo
Social y de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, está apun-
tando hacia una imputación de
carácter penal. La investigación,
como parte de un ejercicio de
revisión de expedientes con-
gelados o soslayados durante
el gobierno de Enrique Peña
Nieto, fue llevado a cabo por el
fiscal Alejandro Gertz Manero,
quien en seis meses de la actual
administración ha dado la cara
pública muy pocas veces, pero se
ha metido a revisar, en muchos
casos personalmente, las ave-
riguaciones de la vieja PGR. La
que toca a Robles se refiere a la
llamada “Estafa Maestra”, donde
presuntamente se desviaron
cientos de millones de pesos del
erario a través de convenios con
universidades públicas.
La “Estafa Maestra”, como
tituló una investigación perio-
dística de Mexicanos Contra la
Corrupción y Animal Político en
septiembre de 2017, surgió en
2015, cuando la PGR comenzó
a investigar desvíos de recursos
públicos de la Sedesol y de Se-
datu, con base en las revisiones
de las cuentas públicas realiza-
das por la Auditoría Superior de
la Federación desde 2011, que
la llevó a presentar una serie de
denuncias ante las autoridades.
El trabajo periodístico reveló
la entrega de más de siete mil
millones de pesos en contratos
ilegales donde participaron 11
dependencias federales, ocho
universidades y más de 50 fun-
cionarios, centrando el ojo de la
investigación en las gestiones de
Robles en ambas secretarías.
Tras la denuncia ante la PGR
hace ocho años, se abrieron 23
procedimientos sobre funcio-
narios públicos y rectores de
universidades en 2015, cuyos
resultados sólo produjeron acu-
saciones en contra de funciona-
rios de nivel medio y algunos de
ellos, incluso, que no habían sido
denunciados por la Auditoría.
En enero pasado, Gertz Manero
informó que se investigaba a más
de 60 funcionarios de la Sede-
sol y la Sedatu, por el presunto
desvío de más de 800 millones
de pesos, y que se habían impu-
tado a seis funcionarios de esta
última. Cuatro de ellos queda-
ron liberados de las imputacio-
nes al desistirse la Fiscalía de las
acusaciones, y uno de los dos
restantes, que sí fueron vincula-
dos a proceso, afirmó que habían
falsificado su firma, con lo cual
se declaraba inocente.
La Fiscalía reestructuró en
mayo la investigación y elevó la
calidad del delito, al considerar
que la “Estafa Maestra” había
sido una operación realizada
desde el corazón del gobierno fe-
deral, por lo que las acusaciones
se plantearían como un posible
delitos de Estado para lo cual se
incurrió en otro más, el de delin-
cuencia organizada. De acuerdo
con Gertz Manero, esa era la po-
sibilidad para poder profundizar
Las investigaciones
de la FGR se enfocan
hasta este momento
en funcionarios del
gobierno de Peña
En enero, Gertz
Manero informó que
se investigaba a más
de 60 funcionarios
de Sedesol y Sedatu
en el caso que dijo que provocó
un daño por casi seis mil millo-
nes de pesos al erario.
No se conoce ningún docu-
mento firmado por la exsecre-
taria que pudiera vincularla a
un acto de corrupción, pero la
reclasificación que realizó el fis-
cal general a la indagatoria de la
“Estafa Maestra”, abrió la posibi-
lidad de que haya acusaciones en
su contra por parte de excolabo-
radores, por lo que se le pudiera
imputar por el presunto delito
de delincuencia organizada, que
es cuando tres o más personas
actúan concertadamente para
cometer uno o más delitos gra-
ves a fin de obtener beneficio
económico, político o material.
La corrupción no era un delito
grave hasta febrero de este año,
cuando la Cámara de Diputa-
dos, donde hay una mayoría de
Morena, el partido en el poder, la
reclasificó.
Nadie en el actual gobierno
ha señalado públicamente a los
altos funcionarios del gobierno
de Peña Nieto vinculados a pre-
suntos actos irregulares o ilícitos,
pero existe una lista en la Presi-
dencia de ocho exmiembros del
gabinete legal y ampliado sobre
los cuales ya se tienen expedien-
tes. Quien aparece en el primer
lugar de la lista es Robles, sobre
la que han avanzado las investi-
gaciones al umbral de la imputa-
ción. No hay información oficial
sobre el estado que guarda la
indagatoria en contra de la ex-
secretaria de Estado, que años
antes, como presidenta del PRD,
estuvo involucrada en la cam-
paña de Andrés Manuel López
Obrador para la jefatura de Go-
bierno en la Ciudad de México.
Los intentos por hablar con
Robles resultaron infructuosos,
pero en anteriores comunicacio-
nes sobre las imputaciones de
corrupción, dijo que no existían
denuncias en su contra en la
Auditoría Superior de la Fe-
deración. Antes de la elección
presidencial, Robles afirmó que
estaba “de lo más tranquila”
más allá de quién llegara a la
Presidencia. En ese momento,
aseguró: “Afortunadamente
siempre he vivido de mi trabajo
y nadie, absolutamente nadie,
puede ofrecer una prueba que
acredite lo contrario. No hay in-
formación alguna. No hay com-
plicidad alguna. No tengo nada
que temer”.
En una comunicación en julio
de este año, Robles insistió en la
inexistencia de denuncias de la
Auditoría en su contra, y admi-
tió que las autoridades habían
investigado sus bienes y cuentas.
“Resulta que, como siempre dije,
no tengo nada que esconder”,
remató. En su última compa-
recencia como secretaria, en la
Cámara de Diputados en octubre
pasado, dijo que los recursos por
los que la acusan fueron para
realizar trabajos de la Cruzada
Contra el Hambre, que fue uno
de los grandes programas del se-
xenio peñista.
De concretarse la imputación,
Robles será la segunda alta fun-
cionaria en el gobierno de Peña
Nieto que tiene problemas con la
justicia. El primero fue Emilio Lo-
zoya, exdirector de Pemex, quien
se encuentra prófugo. Las inves-
tigaciones de la Fiscalía General
se enfocan hasta este momento
en funcionarios del gobierno de
Peña Nieto. No habrá tregua.
Tampoco, por cierto, para el
expresidente.
Trino
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Raymundo
Riva Palacio
Rosario, candidata a la guillotina
ron
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