Expansion - 03.04.2020

ECONOMÍA / POLÍTICA

28 ExpansiónViernes 3 abril 2020

A

estas alturas de la pandemia,

la más grave en un siglo, es

indiscutible que el Estado,

por culpa de un Gobierno a todas lu-

ces incompetente, ha fallado estrepi-

tosamente en dos de sus funciones

principales: garantizar la salud pú-

blica y asegurar los medios que nece-

site el sistema sanitario para su ade-

cuado funcionamiento.

La actuación claramente dolosa

de Sánchez y sus ministros, ignoran-

do deliberadamente las advertencias

de los expertos sanitarios y los orga-

nismos multilaterales, la juzgará el

Tribunal Supremo, donde ya están

llegando las primeras demandas

contra el Ejecutivo. Pero mientras

dure el confinamiento, los españoles

que debemos quedarnos en nuestras

casas tenemos dos misiones funda-

mentales. La primera, mostrar pú-

blicamente nuestro agradecimiento

infinito a quienes están en primera

línea de la batalla contra el virus (sa-

nitarios, fuerzas de seguridad, trans-

portistas, etc.), a quienes mantienen

su actividad para garantizar los su-

ministros básicos a toda la población

(agricultores, ganaderos, fabricantes

de material sanitario y empresas de

servicios como la luz, el gas, el agua o

las telecomunicaciones) y a los que

están contribuyendo a la lucha con-

tra la enfermedad, sea adaptando sus

líneas de producción a los productos

sanitarios que escasean, realizando

generosas donaciones o presentán-

dose voluntarios para cualquiera de

las tareas que ahora son fundamen-

tales. Y la segunda, más importante

de cara al futuro, es planificar cómo

vamos a defendernos frente a futu-

ros virus tan letales o más que el mal-

dito Covid-19.

La promesa de que el Estado nos

defendería de toda amenaza exte-

rior se ha probado falsa. El Gobierno

y las comunidades autónomas han

mostrado una incapacidad manifies-

ta para anticiparse a la situación, pre-

ver las necesidades de material sani-

tario y garantizar el abastecimiento

de emergencia a hospitales y servi-

cios sanitarios. En contraste, muchas

grandes empresas españolas han si-

do capaces de organizar más rápido

y de forma más eficaz envíos de ma-

terial desde distintos puntos del

mundo hacia nuestro país para con-

tribuir de forma altruista a la lucha

contra la pandemia. También de ma-

nera desinteresada la Iglesia Católi-

ca ha puesto a disposición sus edifi-

cios, sus medios y a muchos de sus

miembros para atender médica y es-

piritualmente a los afectados por el

coronavirus y sus familias. Otras or-

ganizaciones privadas se han volca-

do en organizar la ayuda a los más

vulnerables y desprotegidos en estas

circunstancias extremas, y se cuen-

tan por miles las iniciativas indivi-

duales surgidas de la sociedad civil

para contribuir a la causa común en

un momento crítico para España.

Frente a la inoperancia manifiesta

de un Estado ineficaz por la multipli-

cación de estructuras y las duplicida-

des entre ellas, y en especial del Go-

bierno de socialistas y comunistas

bolivarianos que se sitúa en su cúspi-

de, la sociedad civil española ha vuel-

to a dar muestras de su solidez y vita-

lidad. A pesar de ello, desde el propio

Ejecutivo, los partidos que lo apoyan

y sus terminales mediáticas tratan de

aprovechar la tragedia y el dolor pro-

vocados por la pandemia para dise-

minar la falacia de que lo sucedido

demuestra la necesidad de un mayor

control del Estado sobre la actividad

económica, y en concreto de la Sani-

dad, o achacar a supuestos recortes

presupuestarios el posible colapso

del sistema sanitario en esta emer-

gencia. Frente a intentos tan burdos

de manipular a la ciudadanía, emer-

ge la ejemplar respuesta de la socie-

dad civil española como prueba irre-

futable de que contra la amenaza

pandémica, y también ante el riesgo

intervencionista y antiliberal de bue-

na parte de la clase política, más nos

vale confiar en la iniciativa privada y

en la voluntad colectiva que aglutina

las individuales como vía de salva-

ción que en un Estado omnímodo.

Más sociedad civil frente al virus y el Gobierno

RADAR MÓVIL

Ricardo T.

Lucas

Jefe de Opinión de EXPANSIÓN

Que no se asuste el vicepresidente. Si

mañana llegara a la presidencia del

Gobierno de España un cafre, Dios

no lo quiera, que se empeñase en ex-

propiar la bonita casa familiar de Pa-

blo Iglesias en Galapagar apelando al

artículo 128 de la Carta Magna, la

propia Constitución se lo impediría.

Afortunadamente esas arbitrarieda-

des sólo son posibles en regímenes

totalitarios que distan bastante del

modelo de sociedad que desde hace

más de 40 años disfruta España. Por

mucho que el vicepresidente del Go-

bierno, Pablo Iglesias, se empeñe; el

artículo 128 de la Constitución, ese

que dice que “toda la riqueza del país

en sus distintas formas y sea cual fue-

re su titularidad está subordinada al

interés general”, no es una patente de

corso para que el Ejecutivo pueda na-

cionalizar empresas, ni siquiera aun-

que esté declarado el Estado de alar-

ma. El artículo 128 no tiene nada que

ver con el ¡exprópiese! con el que

Hugo Chávez primero, y Nicolás

Maduro después, también en nom-

bre del interés general, fundieron la

economía de Venezuela hasta dejar a

millones de ciudadanos en la más ab-

soluta miseria y desamparo. En una

sociedad democrática avanzada co-

mo la española y en una Constitución

que consolida una economía de mer-

cado, el artículo 128 da capacidad a

las Cortes, no al Gobierno, para regu-

lar sectores de la actividad en situa-

ciones extremas. Pero siempre res-

petando los procedimientos y dere-

chos fundamentales de los propieta-

rios, recogidos en otros artículos. El

artículo 33 de la propia Carta Magna,

donde se recoge el derecho a la pro-

piedad privada, que no puede ser vul-

nerada. Si hubiera que expropiar de-

bería ser por causa justificada y el Es-

tado debería indemnizar al propieta-

rio. En ningún caso el artículo 128, co-

mo está insinuando irresponsable-

mente el vicepresidente, sirve para

cambiar las bases del sistema e ins-

taurar una economía planificada

aprovechando el río revuelto. Pablo

Iglesias, para hacerse acreedor del tí-

tulo de adalid del interés general,

suele repetir una y otra vez, como si

fuera un eslogan, que él defiende los

intereses de la gente, ignorando que

detrás de cada empresa, de cada ban-

co o de cada sector de actividad en es-

te país lo que hay es gente. Accionis-

tas, inversores, trabajadores, provee-

dores y otros muchos cuya propie-

dad está protegida como derecho

fundamental en el citado artículo 33

de la Constitución y en el artículo 38,

en el que se reconoce la libertad de

empresa, cuyo ejercicio debe ser pro-

tegido por los poderes públicos como

recoge la propia Carta Magna. El

“exprópiese” con el que sueña el vi-

cepresidente, conjuga más con una

comedia histriónica de Sacha Baron

Cohen, que con el relato propio de

una democracia avanzada como la

española.

Cualquier intervención como las

que avanza el vicepresidente estaría

convenientemente fiscalizada en va-

rios frentes. En primer lugar tendría

que plasmarse en una ley que reque-

riría la aprobación de las Cortes. Y lo

cierto en estos momentos es que un

líder con 35 diputados tiene poco

que hacer. Nadie cree que el PSOE

pueda apoyar esa deriva, sobre todo

cuando alguno de los grupos que da

apoyo al Gobierno como el PNV ha

tomado distancia a raíz del descala-

bro que va a provocar en la economía

vasca la mala gestión de la crisis lle-

vada a cabo por el Ejecutivo. Aun así

son muchos los que afirman que las

salidas de tono de Iglesias dañan la

credibilidad de España ante los

agentes internacionales que van a te-

ner capacidad de decisión sobre el

futuro de este país y que no distin-

guen bien si el vicepresidente se está

dirigiendo a sus acólitos o si es un

portavoz autorizado de este Gobier-

no. La fiscalización de Europa es

también importante. El propio Igle-

sias ya tuvo que renunciar hace me-

ses a meter sus manos en Bankia,

cuando las autoridades europeas le

recordaron que eso no estaba a su al-

cance. La pretensión del vicepresi-

dente Iglesias de ganar protagonis-

mo para que su grupo no quede di-

luido en el Gobierno no supera, de

momento, la puesta en escena, aun-

que muchos juristas empiezan a pre-

guntarse si hay algo más detrás de la

actuación. Se empieza a temer que el

Gobierno pueda estar utilizando el

estado de alarma como cortina de

humo para erosionar otros derechos

básicos como la libertad de informa-

ción o de movimiento de las perso-

nas. “Es fundamental estar alerta.

Que las Cortes estén en su sitio”, di-

cen algunas fuentes.

En lo económico, la vicepresiden-

ta Nadia Calviño se ha encargado de

matizar el afán intervencionista de

Podemos en los decretos para que,

de momento, no salten las alarmas.

La letra pequeña de los textos, aun-

que bastante caóticos, está siendo re-

lativamente garantista con los prin-

cipios de una economía de mercado,

incluidos los derechos de los propie-

tarios. Algo que, a medida que avan-

ce la crisis, provocará un inevitable

choque en el seno del Ejecutivo. Pe-

ro no habrá nacionalizaciones por-

que el canario en la mina que repre-

senta Calviño sigue piando.

Durante la Gran Depresión ame-

ricana, Stalin vislumbró la posibili-

dad de superar a Estados Unidos.

Construyó y difundió por toda la

Unión Soviética el eslógan Dogonim

y Peregonim Ameriku (alcanzare-

mos y superaremos a Estados Uni-

dos). Hizo que todas las máquinas de

las fábricas del país inscribiesen las

siglas DIP para que los obreros tu-

vieran presente aquel objetivo. Ni si-

quiera en aquel momento lo consi-

guió. Para producir más no servía la

voluntad de un hombre, aunque es-

tuviese borracho de autoestima. Era

la libertad y la iniciativa de todos y

cada uno las que obraban el milagro.

Cuando la Unión Soviética se desin-

tegró en 1989, Estados Unidos acu-

dió al rescate. Algún vicepresidente

se perdió esa parte de la historia y

amenaza con repetir los errores.

LA GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN/ EL ARTÍCULO 128 DE LA CARTA MAGNA QUE ESGRIME IGLESIAS PARA INSINUAR LA EXPROPIACIÓN DE SECTORES NO ES

UNA PATENTE DE CORSO DEL GOBIERNO, AUNQUE HAYA ESTADO DE ALARMA. LA LEY FUNDAMENTAL GARANTIZA LA PROPIEDAD Y LA ECONOMÍA DE MERCADO.

Exprópiese la finca de Galapagar

ANÁLISIS por Iñaki Garay

Bernardo Díaz

La Carta Magna no tiene

los mecanismos de

intervención con los que

sueña el vicepresidente

Pablo Iglesias insinúa una y otra vez que se nacionalizarán sectores económicos.