EL MUNDO. VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019
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MUNDO
PABLO PARDO WASHINGTON
CORRESPONSAL
La Justicia de Estados Unidos
condenó a Donald Trump a pagar
de su propio bolsillo dos millones
de dólares (1,8 millones de euros)
por usar su fundación sin ánimo
de lucro como un vehículo para
canalizar fondos hacia su campa-
ña electoral.
A la sanción personal al presi-
dente, hay que sumar 1,8 millo-
nes de dólares (aproximadamen-
te 1,6 millones de euros) que la
fundación deberá pagar por el
mismo motivo. Estos 1,8 millones
de dólares son los últimos fondos
que quedan en la Fundación Do-
nald J. Trump, ya que el año pa-
sado ésta fue disuelta por el pre-
sidente y sus hijos ante la oleada
de procesos legales en su contra
por el uso de sus fondos para fi-
nanciar la campaña a la Casa
Blanca de 2016, gastos persona-
les y pago de créditos concedido
a la familia Trump.
Los 3,8 millones de dólares
serán distribuidos a partes igua-
les entre ocho ONG estadouni-
denses. Paradójicamente, una
de ellas, Citymeals-on-Wheels,
cuenta entre sus colaboradores
con el cocinero de origen espa-
ñol José Andrés, uno de los ma-
yores críticos del presidente es-
tadounidense.
El colapso de la Fundación de
Trump tiene cierto toque irónico.
A fin de cuentas, uno de los temas
más importantes en el debate pú-
blico y en los medios de comuni-
cación de EEUU en 2016 fue la su-
puesta malversación de fondos
por parte de la Fundación Clinton
y su presunto uso como canal pa-
ra los países de Oriente Próximo
para comprar influencia política
en EEUU.Sin embargo, ha sido la red de
fundaciones de Donald Trump la
que se ha visto envuelta en tal cas-
cada de procesos judiciales desde
entonces que le ha llevado a cerrar
sus puertas, mientras que la Fun-
dación Clinton sigue operando.
La sentencia es en realidad par-
te de una lucha política mucho
más amplia, entre el estado de
Nueva York y Donald Trump. La
oficina del Fiscal General neo-
yorkino (cargo que equivale al de
secretario o ministro de Justicia
de ese territorio) ha lanzado unaofensiva jurídica en toda regla
contra el presidente dentro de la
cual las cuentas de su fundación
son sólo un capítulo más, y, desde
luego, no el más importante.
La mayor batalla entre Nueva
York y Trump gira en torno a la
Declaración del IRPF del presiden-
te. Éste insiste en no hacerla públi-
ca, mientras que el estado en el
que Trump nació y vivió hasta ha-
ce tres años –y del que acaba de
cambiar su residencia fiscal para
trasladarla a Florida, que tiene im-
puestos más bajos– le ha llevado a
los tribunales por esa razón. Has-
ta la fecha, la Justicia ha dado la
razón a Nueva York. Pero cada
sentencia ha sido recurrida por
Trump. Eso hace que sea casi se-
guro que el caso llegue hasta el
Tribunal Supremo, un órgano to-
talmente politizado, donde el Par-
tido Republicano, al que pertenece
el presidente, tiene cinco magistra-
dos, por cuatro de los demócratas.
Además, el presidente de EEUU
tiene otros procesos legales en su
contra, fundamentalmente en torno
a sus propiedades inmobiliarias. Va-
rios establecimientos de hostelería
de la ciudad de Washington han
acusado al presidente de aceptar in-
directamente sobornos de ciudada-
nos extranjeros –algo explícitamen-
te prohibido por la Constitución–
debido a su hotel en esa ciudad.XXVII
MUESTRATEATRO
ESPAÑOLDEAUTORES
CONTEMPORÁNEOS
Del8al 16 de noviembreAlicanteWWW.MUESTRATEATRO.COM
ORGANIZANCOLABORANEl presidente de EEUU, Donald Trump, en un acto de campaña, en el Centro Cívico de Monroe (Luisiana). EFE
Sanción a Trump por el
mal uso de su fundación
La Justicia de EEUU ordena pagar dos millones de dólares
al presidente por utilizar la institución con fines políticos
IMANE RACHIDI LA HAYA^
El Tribunal Penal Internacional (TPI)
condenó ayer a Bosco Ntaganda,
apodado Terminator, a una pena de
30 años de prisión por crímenes de
guerra cometidos bajo sus órdenes
por la milicia rebelde congoleña. La
corte, ubicada en La Haya, también
lo considera culpable de varios crí-
menes de lesa humanidad, como
asesinatos, violaciones y esclavitud
sexual. Se trata de la mayor senten-
cia jamás dictada por este tribunal,
desde su creación en 2002.
En total fue condenado a 13 car-
gos de crímenes de
guerra y cinco de crí-
menes de lesa huma-
nidad, entre los que
se incluye, por prime-
ra vez en la historia
del TPI, el delito de
esclavitud sexual.
Los jueces escucha-
ron a las víctimas y
los testigos presen-
ciales para decidir la
sentencia final, que
oscilaba entre la ca-
dena perpetua o los
30 años de prisión.
Ntaganda, de 46 años, fue coman-
dante del movimiento rebelde con-
goleño Unión de Patriotas Congole-
ños (UCP, en sus siglas en inglés) en-
tre 2002 y 2005, época en la que fue
apodado por los milicianos como
Terminator por su crueldad. El TPI
considera que tuvo un papel clave en
la planificación y las operaciones de
la rama militar del grupo, la FPLC.
La organización está acusada de co-
meter masacres a gran escala contraciviles en la región de Ituri, en la Re-
pública Democrática del Congo
(RDC), entre 2002 y 2003.
La guerra por los recursos de Itu-
ri, en la que lucharon milicias como
la UCP, se cobró la vida de más de
60.000 personas. Según el TPI, com-
batientes leales a Ntaganda cometie-
ron «atrocidades» contra la pobla-
ción civil, como una masacre en un
campo de banano cerca de la aldea
de Kobu, en el noreste de la RDC,
asesinando al menos a 49 personas,
incluidos niños, con «cuchillos y ma-
chetes». Ntaganda «dio órdenes
de apuntar y matar a
los civiles», según el
juez Robert Fremr. «Yo
soy un soldado, no un
criminal», aseguró el
acusado.
Aunque Ntaganda
no era el jefe de más
alto rango del UCP
–cargo que ocupaba
Thomas Lubanga,
condenado en 2012 a
14 años de prisión por
el TPI– , Terminator sí
era una figura clave
en la violencia utilizada por los com-
batientes de la UCP, según la corte,
que le mantiene entre rejas desde
hace seis años, periodo que será res-
tado de la sentencia.
Tras años de búsqueda, en 2013,
solicitó la extradición en la embaja-
da de EEUU en Ruanda, aceptando
ser procesado por el TPI, lo que se
llegó a interpretar como un intento
de huir de la justicia de su país, don-
de se enfrentaba a la pena de muer-
te, castigo no aplicado por el TPI.Condena histórica al
‘Terminator’ del Congo
El Tribunal Penal Internacional impone a
Bosco Ntaganda una pena de 30 años
Bosco Ntaganda. REUTERS
Exige el reparto de
los fondos a otras
ocho organizaciones
sin ánimo de lucro